ZACATECAS. El Movimiento Feminista de Zacatecas (MFZ) exigió a las autoridades no minimizar la producción, manipulación y difusión de imágenes sexualizadas mediante la Inteligencia Artificial (IA) tras el caso de la Secundaria Técnica 1.
Luego de la denuncia pública de que tres estudiantes tomaron fotografías de sus compañeras y compañeros de la escuela, que después sexualizaron con IA y publicaron el catálogo en la red social Instagram, el movimiento manifestó su respaldo y solidaridad a las víctimas.
Aseguró que estos hechos se pueden configurar en violencia digital y violación a la intimidad sexual en términos del Código Penal del Estado de Zacatecas, así como violencia sexual contra menores y puede actualizar los supuestos de pornografía infantil, de acuerdo con el Código Penal Federal, cuando exista almacenamiento, producción o intercambio de material sexual que represente o simule menores.
El Movimiento exigió a la FGJE una investigación con la debida diligencia y reforzada, así como preservar evidencia digital y colaboración con la policía cibernética.
También pidió medidas de protección inmediatas conforme a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y una reparación integral y garantía de no repetición.
Llamaron a la SEZ a la activación de protocolos de prevención, atención y sanción de violencias en el ámbito escolar; así como una atención psicológica y psicosocial a la comunidad escolar con énfasis en las víctimas.
Asimismo, programas de educación en igualdad; capacitación integral a docente, personal de apoyo y directivos en materia de derechos humanos y protocolos de convivencia escolar.
Además de orientación para madres y padres de familia acerca del uso de la tecnología y medidas de protección ante sus riesgos.
Al Poder Judicial exigieron una sentencia condenatoria a los agresores y atención con perspectiva de infancia y adolescencia.
Mientras que a la Legislatura exigieron puntualmente la reforma al Código Penal para tipificar el uso de la IA con fines de violencia sexual y digital.
“La respuesta no puede limitarse a la persecución penal, y que la violencia contra las mujeres y las niñas es estructural y colectiva”, destacaron.
NO HUBO ACCIONES DE PREVENCIÓN
Cristela Trejo Ortiz, abogada defensora de los derechos de las infancias, advirtió sobre la gravedad del caso, sobre todo porque no hubo acciones de prevención.
“Es muy grave lo que sucedió en la comunidad estudiantil, pero más grave que no se haya atendido por las autoridades, porque se les mandata que se debe de proteger a la comunidad estudiantil”, puntualizó.
Expuso que esperan que la FGJE realice su trabajo de procuración de justicia, pero también argumentó que es importante hablar de la dualidad de ser víctimas a agresor en las infancias y adolescentes, que pueden ser responsables de un delito de esta naturaleza.
Aseguró que esta dualidad tiene que ver con la no atención oportuna en estos casos, “la prevención en el acoso escolar no está sucediendo”.
Destacó que fue el ámbito educativo el responsable, debido a que no pararon en un inicio “en las primeras llamadas de auxilio”.