El Senado de la República aprobó la noche del miércoles 27 de noviembre incluir los delitos de extorsión, tráfico de fentanilo y actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La reforma al artículo 19 de la Constitución recibió 94 votos a favor y 34 en contra, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.
Los artículos reservados fueron avalados en los términos del dictamen, con 93 votos a favor y 35 en contra, y el proyecto fue remitido a los congresos estatales para su consideración.
Morena y oposición se enfrentan por la prisión preventiva oficiosa
Durante la discusión, Morena y sus aliados del Partido Verde y del Trabajo recalcaron que este dictamen protegerá a la ciudadanía de delitos que han aumentado en los últimos años; sin embargo, la oposición aseguró que la prisión preventiva oficiosa atenta contra los derechos humanos.
La senadora Andrea Chávez, de Morena, recordó que en mayo pasado los gobernadores de los 31 estados y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no eliminar la figura de la prisión preventiva.
El senador del PAN, Francisco Javier Ramírez Acuña, afirmó que su bancada está de acuerdo con la figura de la prisión preventiva, “siempre y cuando sea justificada y se encuentren elementos para garantizar la aplicación de la justicia”.
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“No podemos avalar con nuestro voto el poder de las fiscalías de encarcelar a cualquier ciudadano víctima de la invención de delitos, de la fabricación de carpetas de investigación, de la siembra de pruebas falsas o de denuncias anónimas”, aseveró.
Karla Guadalupe Toledo Zamora, senadora del PRI, dijo que la figura de prisión preventiva oficiosa “desvirtúa el principio de la justicia” y, en la práctica, castiga a quienes aún no han sido declarados culpables.
Agregó que la reforma contradice las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ser arbitraria y violatoria a las garantías individuales.
El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que “la aplicación de la prisión preventiva oficiosa afecta a las personas más vulnerables, a los pobres y a las mujeres”.
Resaltó que la prisión preventiva oficiosa tiene un impacto directo en el incremento de la población penal, pues de acuerdo con datos oficiales, esta creció de 196 mil personas en 2018 a 233 mil en 2023, de los cuales casi 87 mil no han recibido una sentencia.