ZACATECAS. Jenny González Arenas, ex dirigente del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), denunció ilegalidades y violaciones a sus derechos en el proceso de auditoría a su gestión que realiza un despacho contratado por el actual Comité Ejecutivo Sindical, encabezado por Carlos Fernando Aréchiga Flores.
Expuso que el pasado 27 de julio fue notificada de los resultados preliminares de la auditoría, pero, aseguró, de manera «muy ilegal y arbitraria», en su domicilio, a través de un notario público, por solicitud de la coordinadora de Asuntos Laborales del Spauaz, función que, afirmó, no le corresponde.
«En periodo vacacional se suspenden los plazos», señaló González Arenas, al reclamar que, pese a ello, «con total desconocimiento nos notifican y nos dan solo 48 horas para responder, periodo que además transcurre durante las vacaciones».
Explicó que, al acudir al sindicato para responder el oficio, las oficinas estaban cerradas por vacaciones. Ante esa situación, dijo, el 28 de julio respondió la notificación mediante correo electrónico; sin embargo, no recibió acuse de recibido ni del despacho auditor ni del secretario general, Carlos Aréchiga Flores, con quien intentó comunicarse vía telefónica sin obtener respuesta.
«Estamos siendo víctimas de este acoso. En periodo vacacional nos notifican, nos dan dos días para contestar, nos notifica un notario público por solicitud de la coordinadora de Asuntos Laborales, cuando no son sus funciones, y todo este tipo de detalles ponen en riesgo los resultados de la auditoría», declaró.
La ex dirigente sindical acudió este lunes a las oficinas del Spauaz para entregar el oficio de respuesta y obtener el sello de recibido; sin embargo, aseguró que «la instrucción del doctor Aréchiga es no recibir ningún oficio».
Ante su insistencia, relató, la secretaria de la Coordinación de Asuntos Laborales y Educación Sindical salió a recibir el documento, pero cuando González Arenas le advirtió que no tenía facultades para ello, la funcionaria se molestó y finalmente dio la instrucción de recibirlo «a reserva de revisión».
Jenny González sostuvo que tanto el personal del despacho encargado de la auditoría como el del Spauaz muestran desconocimiento del marco legal aplicable al proceso. “No quiero acusar de dolo ni mucho menos, porque no tengo los elementos, pero sí nos estamos dando cuenta de que hay una falta de conocimiento sobre cómo funciona la universidad, cuáles son los periodos laborales, los periodos vacacionales y las funciones del sindicato. Eso sí lo podemos advertir», expresó.
Observaciones sin sustento
La ex líder sindical aclaró que las observaciones contenidas en los resultados de auditoría son preliminares y que el anterior Comité Ejecutivo del Spauaz tiene derecho a responderlas dentro de un plazo conforme a la ley y con acceso a la información requerida.
«Nosotros ya entregamos las instalaciones; no tenemos acceso a la información física para poder responder las observaciones», reprochó.
Advirtió que las observaciones no están apegadas a las funciones ni al marco legal de un sindicato, ni a la Ley Federal del Trabajo. Como ejemplo, señaló que se cuestiona el uso del fondo revolvente para gastos cotidianos de operación y para actividades relacionadas con la huelga.
«Nos damos cuenta de que es una auditoría en la que desconocen cuál es la función de un sindicato. Incluso nos están diciendo que debimos haber retenido ISR sobre los premios entregados a los maestros con motivo del Día de la Madre o del Día del Maestro, cuando eso es, a todas luces, contrario a la naturaleza del sindicato, de esos premios y del contrato colectivo de trabajo», afirmó.
González Arenas sostuvo además que algunas observaciones corresponden a administraciones sindicales anteriores. «Al grado de que nos están pidiendo demostrar el destino de un centro deportivo que nosotros ni siquiera recibimos; no formó parte del proceso de entrega-recepción de nuestra administración».
Explicó que otra observación del despacho consiste en que el procedimiento de entrega-recepción fue ilegal porque no está contemplado en los estatutos del sindicato. Reconoció que efectivamente no está previsto, pero explicó que su administración lo realizó en cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, debido a que los estatutos no han sido actualizados.
«Hicimos lo que se pudo, en las mejores condiciones posibles, ante un notario público. Se entregó y se revisó como nunca se había hecho, con información foliada y expedientes», afirmó.
Consideró “contradictorio” que ahora pretendan responsabilizar a su administración por hechos ocurridos en periodos sindicales anteriores y, al mismo tiempo, cuestionen un procedimiento de entrega-recepción que, aunque no está previsto en los estatutos, se realizó con base en la legislación laboral.
Aseguró que el comité que encabezó no se niega a rendir cuentas; sin embargo, señaló que gran parte de la información requerida se encuentra en los archivos contables físicos del sindicato y que la auditoría debió realizarse in situ.
«Desafortunadamente, todo se hizo con archivos digitales y eso genera muchas observaciones. Si lo hubieran hecho como debe ser, como cualquier otra auditoría, en el lugar donde se lleva la contabilidad, muchas de esas observaciones no existirían», afirmó.
La ex dirigente explicó que el oficio entregado este lunes busca responder la notificación «en tiempo y forma, acorde con los plazos legales y no con los caprichos de una coordinadora de Asuntos Laborales que desconoce realmente cuáles son los tiempos».
Ahora, dijo, esperará la respuesta al oficio y, con base en ella, dará seguimiento al procedimiento por la vía legal correspondiente. «En torno a eso iremos procediendo y, en su momento, acudiremos a las instancias que correspondan para defender nuestros derechos».
