Criminalizar la protesta
El derecho a la libre manifestación es uno de los que más fortalece la vida democrática en cualquier sociedad. Eso no significa que todos aceptemos de la misma manera lo que implica este derecho y su ejercicio pleno.
En un Estado que se diga democrático, existen los canales de diálogo necesarios y suficientes que permitan a la ciudadanía establecer comunicación directa con los gobernantes, en ese sentido podemos afirmar que el derecho a la libre manifestación se ejercita ya sea cuando esos canales de diálogo están rebasados por la falta de atención de las autoridades a las demandas sociales o bien esos canales no existen.
Por lo general, son las capitales de los estados o de los países las que se van afectadas por el ejercicio del derecho a la manifestación de la ciudadanía porque es el espacio en el que radican de manera permanente los gobernantes o se encuentran establecidos los poderes del Estado.
En fechas recientes la capital zacatecana ha sido objeto de manifestaciones de diversos sectores de la población, todas ellas relacionadas con la falta de atención a problemáticas que, de haberse atendido en las instancias correspondientes y de manera oportuna, no existiría la necesidad de que se escalara la protesta.
De lo que podemos dar cuenta en estas últimas manifestaciones es el uso de los medios de comunicación al servicio del Estado para criminalizar la manifestación e incluso generar descontento social a partir del ejercicio de este derecho por parte de la ciudadanía.
Una de las cosas que podemos hacer para evitar la criminalización de la protesta radica principalmente en la información. Una vez que la sociedad esté informada del motivo de la manifestación así como de las acciones que se tomarán en el ejercicio libre de este derecho se puede lograr un impacto positivo con las protestas que se emprenden.
Sin embargo, cuando los medios de comunicación sirven a los intereses particulares del Estado se menospreciarán las acciones y se incentivará el descontento social en contra de los manifestantes.
Podemos ver de manera cotidiana cómo la ciudadanía se molesta por los paros, las tomas de las vías de comunicación, las marchas, entre otros mecanismos de ejercicio del derecho de manifestación, cuando en realidad, lo que la sociedad debería de hacer es exigir al gobierno que atienda las diversas problemáticas sociales en tiempo y forma para evitar que el modo de manifestación escale y afecte a otros sectores sociales.
El criminalizar la protesta y el promover acciones de odio en contra de quienes se manifiestan, es una acción llevada a cabo por gobiernos autoritarios, que cerraron los canales de comunicación y que optaron por la amenaza y no por la solución de los conflictos.
Si bien es cierto, los derechos terminan donde inician los de los demás, también es cierto que cuando se ejerce el derecho de manifestación, el único responsable es el Estado y la falta de voluntad para atender las justas demandas sociales.
Es importante que como ciudadanía conozcamos el motivo de la manifestación y que quienes hagamos uso de ese derecho informemos de manera oportuna a la sociedad que se verá afectada por nuestras acciones y esa información deberá contener con claridad todos los intentos, las formas y las insancias que se tuvieron que agotar antes de llegar a tomar medidas radicales como la afectación a terceros porque, créanlo o no, quienes optan por salir a la calle a exigir sus derechos es porque se cansaron de pedirlos de manera pacífica y de no recibir respuesta por un largo tiempo.
Cuando la autoridad sale a los medios a decir: “estamos dialogando”, “hemos dado solución”, omiten decir que ese diálogo lo cerraron por mucho tiempo o que las soluciones las pudieron haber dado tiempo atrás, y solo hacen uso de ese discurso como un mecanismo indirecto de criminalizar a quienes exigen sus derechos y no fueron escuchados cuando hablaron de manera pacífica o por los canales formales de “diálogo institucional”.