CIUDAD DE MÉXICO. Desde el 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreaba el lavado de dinero del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y en agosto del 2024 detectó y pidió informes de transferencias por 47 millones de dólares a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, ex jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La UIF rastreaba a Nunvav Inc, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, a quienes el gobierno mexicano de la 4T considera como los prestanombres de García Luna, detenido en EU y acusado de narco.
Las transferencias a Vector fueron investigadas por UIF como parte de la demanda civil que el gobierno mexicano presentó en 2021 ante una corte de Florida en contra de los Weinberg y de Genaro García Luna con el objetivo de recuperar unos 600 de millones de dólares que supuestamente fueron desviados del erario a través de las empresas Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc.
REFORMA publicó ayer que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusó a Vector Casa de Bolsa, del empresario regiomontano Alfonso Romo, de permitir el lavado de dinero de los Cárteles de Sinaloa y del Golfo.
Además señaló a los bancos Intercam y CIBanco de facilitar operaciones de dinero ilícito de grupos del narco.
Los requerimientos sobre la información bancaria de Vector comenzaron el 12 de junio de 2024, cuando a solicitud del despacho de abogados que representaba a la UIF, la jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para solicitar información sobre las operaciones realizadas por la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
También, el 9 de agosto, la UIF presentó una moción para que los Weinberg entregaran documentación que permitiera identificar el propósito de 35 transferencias que realizaron a Vector Casa de Bolsa entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 por un monto total de 47 millones de dólares.
La UIF también solicitó a los supuestos prestanombres del ex Secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón, copias de estados de cuenta o comunicaciones que hayan tenido con Vector respecto a estas operaciones.
Las transferencias a Vector se realizaron desde la cuenta que Nunvav Inc tenía aperturada en el Occidental Bank de Barbados, la cual, según las propias autoridades mexicanas, concentraba una parte de los fondos malversados que provenían de 30 contratos que fueron otorgados irregularmente a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc por el entonces CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En su respuesta, Samuel y Alexis Weinberg comunicaron a la UIF que no poseían ningún tipo de documentación sobre las transacciones con Vector y señalaron que la solicitud debía ser canalizada a Nunvav, que era una parte acusada con representación independiente en la demanda.
Sin embargo, en los expedientes de la demanda civil no hay registros de que Nunvav haya justificado las 35 transferencias que hizo a Vector entre 2015 y 2016. Tampoco de qué ruta siguió el dinero una vez que fue recibido en la cuenta de Vector en Citibank.
El pasado 9 de junio, la jueza Lisa Walsh dio por cerrado el caso a petición conjunta de la UIF y los Weinberg, quienes le comunicaron que habían llegado a un acuerdo en México que implicaría el otorgamiento de un criterio de oportunidad con la FGR con el cual se convertirían en testigos colaboradores.