ZACATECAS. Una pareja fue víctima de allanamiento y saqueo en su vivienda, lo que provocó que literalmente se quedaran sólo con la ropa que traían puesta. Iván «L» interpuso la denuncia correspondiente el 1 de abril, pero a la fecha, ninguna autoridad ha atendido su caso.
Por daño en las cosas, allanamiento de morada y lo que resulte en su perjuicio y el de su pareja, Iván «L» interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en la Unidad de Detenidos bajo asunto penal 3174/2025-4.
El denunciante acudió a NTR Medios de Comunicación para exponer su caso, debido a que, dijo, ya es más de mes de andar de oficina en oficina y nadie lo atiende ni resuelve el problema, que inició cuando encontró su casa saqueada y robada luego de ausentarse más de 30 días por trabajo.
En la denuncia levantada ante el fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Detenidos, el afectado detalló que regresó a su casa después de ser enviado por trabajo fuera de Zacatecas y volvió el 1 de abril.
Eran aproximadamente las 17 horas cuando llegó a su vivienda y encontró la puerta abierta y sin chapa, pero con una cadena que antes no estaba. Al ver que la puerta estaba forzada se dirigió a interponer la denuncia y preguntar, al paso, a los vecinos si habían visto algo.
Le comentaron que hace alrededor de un mes llegaron varios hombres armados en cuatro camionetas blancas, como las que usan los Ministeriales, y una más rotulada como patrulla de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Todas sin placas
Cansado de no recibir atención por el agravio, Iván acudió el 28 de abril a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ) a interponer una queja contra las autoridades.
Detalló que el 1 de abril salió de la Fiscalía alrededor de las 22 horas y, una vez rendida su declaración, pero sin hacer un peritaje previo sobre la vivienda y los daños, le dijeron que ya podía volver a su casa, aunque sin ningún tipo de seguridad y pese a que teme todavía por su vida.
De acuerdo con lo que pudo observar dentro del que era su hogar, dijo, sospecha de que los hombres vivieron ahí entre unas y dos semanas, pues dejaron mucha basura junto con el saqueo.
Informaron que sufrieron robos de todos sus bienes, desde pertenencias personales como ropa, calzado “y hasta lo sucio se llevaron”, hasta el colchón de la cama, el comedor, el depósito de la taza del baño y derrumbaron las paredes de tablaroca.
Además, se percataron que sobre el piso estuvieron caminando y dejaron sobre este dejaron varias manchas viscosas y en el retrete tiraron algo parecido a aceite o grasa que desconocen qué sea “pero era un líquido negro”.
Ante todo esto, Iván denunció que a pesar de la insistencia con las autoridades para que vayan a realizar el peritaje de los daños a su vivienda, propiedad de un hermano que vive en Estados Unidos, no logró que alguien lo escuche y “estoy desesperado, ya quiero entrar a mi casa, me dejaron sin nada” y, por la situación, tuvo que rentar una vivienda.
“Hasta ahora sigo esperando la llamada de la Fiscalía, siendo que les dije que temía por mi integridad física y la de mi pareja, pero a la fecha nada”.
En el recuento de daños, los afectados comentaron que en la misma unidad que los atendió le sugirieron llamar al día siguiente al 911, número de emergencia donde les recibieron la llamada, que duró 16 minutos, en la que los cuestionaban sobre los daños y 40 minutos después “mandaron a un policía todo tembloroso (de miedo)”.
Sin embargo, el uniformado se negó a entrar a la vivienda, como ellos exigían, para que hiciera por lo menos un reporte y los presionó para irse del lugar con el pretexto de que “iba a reforzar en la detención de un ratero”.
Refirió que durante su declaración, al comentar que eran camionetas sin placas, el personal les dijo que “eran clonadas” y lo cierto es que hasta hoy nadie resuelve su denuncia, ni las pérdidas sufridas.
El temor por ingresar a la casa, “yo tengo miedo a estas alturas, no hemos parado, es un ir y venir y nadie escucha”, dijo el hombre originario de Genaro Codina.
En el texto de la denuncia se refiere que la Fiscalía está obligada a otorgar asesoría jurídica al denunciante, así como a informarlo “de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal”.
Además de recibir, tras ser víctima de delito, atención médica y psicológica de urgencia, que se le repare el daño en los casos en que sea procedente.
