ZACATECAS. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Salvador Villa Almaraz, informó que derivado de sentencias contra ex presidentes y alcaldes se obtuvieron más de 10 millones de pesos por concepto de reparación del daño.
“El reto es avanzar sobre las investigaciones, lograr judicializaciones y el objetivo principal: que se sancione a los servidores públicos responsables; en materia de corrupción, lo más importante es que se repare el daño”, enfatizó.
Esta área especial de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) tiene 38 carpetas judicializadas, en las que 36 se vinculó a proceso a funcionarios municipales. Solo uno estuvo en prisión, pues el resto aceptó la culpabilidad en proceso abreviado y cumplió con resarcir el daño.
Salvador Villa precisó que se lograron cinco sentencias, de las cuales cuatro fueron a través de juicio abreviado y corresponden a Villa Hidalgo, Trinidad García de la Cadena y Trancoso, además de una por medio de juicio oral en el caso de este último municipio.
Destacó la judicialización de un caso correspondiente a El Salvador, en el que no solamente se imputó a un ex alcalde, sino también a un contratista; asimismo, otra en contra de un ex alcalde de Cañitas de Felipe Pescador que se encuentra en proceso, por lo que se reservan datos.
De la capital se tiene una carpeta de investigación en trámite en contra de un servidor público por enriquecimiento ilícito. “Hay solicitud de acto de investigación por parte de quien denunció, pero la carpeta está corriendo su trámite”, es decir, en integración.
Denuncias
El fiscal especializado en Combate a la Corrupción explicó que son en total 137 carpetas de investigación en contra de ex presidentes y alcaldes.
De entre las fuentes de acusaciones destaca la Auditoría Superior del Estado (ASE), que emitió 77 denuncias derivadas de su función de fiscalización.
Los municipios con más denuncias son Trancoso, con 15; Villa García, ocho, y Cañitas de Felipe Pescador, siete; aunque también destacan Zacatecas y Guadalupe.
Los principales delitos son abuso de autoridad, peculado, administración fraudulenta y el incumplimiento de la obligación de presentar la cuenta pública.
Por otra parte, 25 carpetas fueron determinadas, una mayoría de 13 por abstenciones de investigación, ya que no se consideró que hubiera un hecho constitutivo de delito, y solo una por incompetencia, porque la fiscalía estatal carecía de facultades para el caso.
Retos
“Nos hace falta avanzar significativamente en la judicialización de las carpetas”, reconoció el fiscal especializado.
Sin embargo, resaltó que Zacatecas, junto con Coahuila, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas, se integró al programa Confía del Laboratorio de Soluciones Colaborativas de Políticas Públicas (Labco).
Este proyecto, auspiciado por la embajada de Estados Unidos, busca fortalecer a las fiscalías estatales para mejorar la eficiencia en detección, investigación, persecución y sanción de hechos de corrupción. El reto es lograr resultados en un aproximado de 100 días, puntualizó Villa Almaraz.