La toma de las vías de Ferrosur por parte del Gobierno es negativa y pone en riesgo la inversión, dijo ayer el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El organismo expresó, en un pronunciamiento, su preocupación por el decreto del viernes que declara de utilidad pública diversas actividades ferroviarias que estaban concesionadas al sector privado y que pasaron a favor de la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
«Más allá de la controvertida legalidad de dicho decreto, los empresarios externamos nuestra profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos en un momento de grandes oportunidades», señaló.
Con el argumento de que es asunto de seguridad nacional y de supuestas afectaciones económicas y operativas por el pago de derechos de paso a Ferrosur, el Gobierno decretó la incautación. Además, busca acelerar obras del Corredor Interoceánico, que son impulsadas por el Gobierno de López Obrador.
El CCE, que preside Francisco Cervantes, sostuvo que han manifestado su plena disposición para dialogar con el Gobierno y construir las mejores opciones que detonen el desarrollo nacional.
«Incluso, ha sido enfático nuestro interés por participar en el proyecto de impulso al sur del país que tanto se necesita», afirmó.
«Mantener el diálogo y la certeza jurídica entre empresarios y Gobierno es condición necesaria para mantener un buen ritmo de inversión, empleo y crecimiento en beneficio de todos», agregó.
Senadores de Oposición apremiaron al Gobierno a que aclare cuánto tiempo durará la «ocupación temporal» -como la llamó el Gobierno- de los tramos ferroviarios.
«Lo primero que se tiene que determinar es la temporalidad, por cuánto tiempo.
De lo contrario, aunque tenga otro nombre en el decreto, es en los hechos una expropiación», dijo Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI.
«Llegar con la Marina, entrar a medianoche y tomar posesión de unas vías, pues eso aquí y en China es una expropiación», señaló la panista Xóchitl Gálvez.
