Madres y otros familiares de personas desaparecidas en Zacatecas se manifestaron en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), para demandar informes sobre las carpetas de investigación y denunciar deficiencias en las búsquedas.
Expusieron que “no se ve algún avance” en los casos, en los que los mismos familiares han facilitado y entregado evidencia a la institución, además de que se mantienen deficiencias en los protocolos.
Patricia Cardona Alba busca a su hermano Francisco, quien desapareció en Luis Moya el 21 de junio de 2017, y después de ser parte de distintos colectivos, decidió buscar de forma independiente con otras personas en la misma situación.
Aseguró que en las carpetas solo se incluyen los datos entregados por los interesados y que se informa de colaboraciones con otras entidades, pero “que a veces ni contestadas están”.
“Para nosotros es muy difícil; desde hace cinco años estamos pasando por lo mismo”, explicó al ejemplificar con su caso; sin embargo, afirmó que esto sucede tanto en los antiguos como en los recientes:
“Estamos viendo las mismas fallas y los mismos detalles que tuvimos y ya no deberían aparecer, ya no debería estar pasando lo mismo; se supone que, con tanto caso que ha habido, ya deben tener un protocolo a seguir y que no se les escape absolutamente nada”, recriminó.
Una de las principales deficiencias detectadas es la inadecuada aplicación en el proceso de sábanas de llamada y geolocalización de los aparatos electrónicos que trae consigo la persona desaparecida:
“Estos puntos son muy importantes porque, al tener la localización de un celular, se sabe dónde está y quién los está utilizando, esto es algo primordial”.
Otro señalamiento es la falta de revisión de las cámaras de vigilancia pertenecientes al Centro de Coordinación Integral, Comando y Comunicaciones (C5), pues “las familias no piden verlas y no se les muestra, es una desesperación”.
“Lo que a nosotros como familia se nos escapa, la fiscalía debe decir ‘hay imágenes, vamos a checar’”. Destacó que en dos de los reportes más recientes hay indicios de “dónde pudo estar su desaparecido, está el lugar de dónde se lo llevaron, junto con el video de todo”.
“Incluso, en uno de los casos –de un varón de 15 años– hay gente detenida; entonces, ¿por qué no movilizarse y dar con el paradero de estos chicos?”, cuestionó.
En el caso de su hermano, Patricia puntualizó que existió una petición de rescate para la liberación y se dejaron pasar días fundamentales para dar con su paradero, pues el tratamiento que se le dio a su carpeta de investigación fue diferente.
Por estas inconsistencias y la advertencia de que la FGJE está rebasada ante la violencia por la que “Zacatecas es famoso”, pidió los responsables, incluido el fiscal general Francisco Murillo Ruiseco, que de no haber avances, “renuncien y se contrate personal para que nos den respuestas”. “Ya estamos desesperadas”, reprochó.
A cinco años de la búsqueda de su hermano, su madre –a quien Patricia acompañaba en la búsqueda– perdió la vida sin conocer el paradero de su hijo:
“Perdí a mi madre y no supo dónde está su hijo. ¿Yo voy a morir igual, sin saber dónde está mi hermano? ¿Van a morir más madres, van a apagar su luz y no van a tener quién busque a sus hijos mañana y no van a tener respuestas? No se vale”.
Finalmente, Patricia envió un mensaje a victimarios: “tú, si te llevaste a mi hermano, a una persona, y si sabes dónde la dejaron, por favor haznos saber, los queremos vivos o muertos; lo que te deban o lo que te hicieron ya te lo pagaron con su vida. ¿Y los que siguen vivos?”.
Prometen avances
En respuesta a la protesta de este martes, Martha Berenice Vázquez González, fiscal especializada de Derechos Humanos, Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y Laura Ruelas Carrillo, directora general de Investigación y Litigación, atendieron a familiares de desaparecidos.
Las funcionarias se comprometieron en dar respuestas en una semana, tiempo en el cual se revisará carpeta por carpeta para señalar los procesos faltantes en cada una de ellas. “Esperemos que sí y que no sea darnos atole con el dedo”, declaró una de las manifestantes.
ADN, sin cotejar
Los manifestantes denunciaron la notoria falta de colaboración con las fiscalías de otros estados, ya que en las carpetas de investigación hay colaboraciones sin responder e incluso han detectado omisiones en el cotejo de ADN.
“Nos dicen que se tiene ya el cotejo de ADN en otros estados, se llega a ellos a preguntar y se entera uno que no es cierto, que allí no ha llegado, es necesario que llegue uno como familiar para en verdad checar que se hagan las cosas y no es válido”, reclamaron familias de las víctimas.
Falta de apoyo
Los familiares revelaron que no reciben apoyos económicos de autoridades gubernamentales durante la búsqueda de sus desaparecidos, salvo cuando son acciones fuera del estado y desde la Federación, por lo que usan sus recursos y se valen de ayuda de conocidos para realizar sus investigaciones.
“A nosotros nadie nos paga y estamos haciendo el trabajo de muchos de los que están allí, que solo están calentando una silla; si no pueden o no tienen esa capacidad, que los muevan porque ya es mucho tiempo, desgaste día con día, te vas agotando más y más”.
Más y más
La FGJE difundió decenas de fichas de búsqueda tan solo durante los ocho días recientes y, de estos reportes, seis mujeres y 21 hombres siguen desaparecidos.
Son 27 personas, en edades desde meses de nacidos hasta mayores de 60 años, reportadas en nueve municipios, más de la mitad en Fresnillo, pero también de la capital, Villa García, Huanusco, Loreto, Villa de Cos, Río Grande, Tabasco y Ojocaliente.
Entre las víctimas se incluye a una mujer de 28 años, Ana Hilda Reyes Hernández, y dos bebés, uno de 3 años y otro de 8 meses, Izac y Esteban Calderón Reyes, quienes desaparecieron en Ojocaliente.
Otros menores son Andrea Berenice Fernández Salas, de 17 años, a quien se le perdió el rastro en la capital; Alberto Geovanni Fernández Espinosa, de la misma edad, pero desaparecido en Fresnillo, al igual que Agustín Villalpando Mora, de 15 años.