México, DF.- A poco más de un año de promulgada la Ley de Refugiados y Protección Complementaria, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el reglamento de esta legislación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, Gustavo Mohar, informó que en este marco normativo se precisa la determinación y la manera en cómo se definirá la condición de refugiado.
También, dijo, detalla el proceso para la otorgación de la protección complementaria, la cual se confiere a personas que no reúnen los requisitos para ser considerados refugiados pero que corren riesgo si son devueltos a sus países, por lo que se les permite permanecer en México.
Señaló que el instrumento jurídico consagra principios de vanguardia en la protección de los derechos de estas personas como la no devolución, el no rechazo en la frontera, la confidencialidad, la no discriminación, la unidad familiar, así como el interés superior de niños y niñas.
«A ellos el marco normativo les concede la residencia permanente, lo que les permite una integración social en condiciones de equidad», destacó Mohar al hacer el anuncio del reglamento de dicha ley.
En su discurso, el funcionario indicó que en los últimos 10 años México ha reconocido a mil 600 refugiados, la mayoría colombianos y haitianos.
Fernando Protti, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, señaló que en el País hay aún gran desconocimiento de este sector.
«Es verdad que México ya no tiene las grandes cifras de refugiados que llegó a tener antaño, sin embargo, no por ello sus necesidades han dejado de ser asfixiantes y aunque el espacio de protección en México se ha agrandado con las reformas legislativas, aún queda mucho por hacer para que su situación se conozca y la sociedad mexicana sea consciente de ellos», dijo.
En tanto, el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, resaltó que con la entrada en vigor de este reglamento se garantiza de manera formal e institucional el derecho de los refugiados y sus familias de afiliarse al Seguro Popular y se asegura el acceso a los niños en esta condición a la educación básica, así como a la revalidación de sus estudios.