ZACATECAS. Lo más importante que se hizo en la Secretaría General de Gobierno, consideró Rodrigo Reyes Mugüerza, fue “haber articulado tres agendas: la del año de La Paz 2024, año del Bienestar, 2025; y año del Progreso 2026, con una disminución del 96 ciento de los homicidios”.
El secretario general de Gobierno inició las comparecencias de la glosa del informe de gobierno ante el pleno de la LXV (65) Legislatura, cuestionado y criticado por diputados de oposición, pero defendido por los legisladores del bloque oficial.
En el recinto, aseguró que David Monreal Ávila “pasará a la historia como el mejor gobernador que ha tenido Zacatecas”, y garantizó que ningún recurso público será desviado para temas electorales.
Ante los reclamos por actos de represión como los ocurridos el 8 de marzo de 2024, que abordaron diputados como Renata Ávila Valadez, Isadora Santivañez Ríos y Marco Vinicio Flores Guerrero, Rodrigo Reyes admitió que fallaron los protocolos y hubo errores, pero aseguró que hay tolerancia a las manifestaciones, o de lo contrario, éstas no se realizarían.
A Santivañez Ríos le aseguró que él nunca dio orden alguna para que elementos de seguridad incurrieran en actos de represión.
Sin embargo, ante los reproches de cómo se prolongaron algunos conflictos como los que hubo con frijoleros y el magisterio, el funcionario justificó que en ocasiones, el diálogo no alcanza cuando hay intereses políticos.
La petista Ávila Valadez le recriminó que su función como secretario es fungir como un apagafuegos, pero “ha terminado siendo un pirómano”.
TEMAS DE BÚSQUEDA
Reyes Mugüerza informó que desde el inicio de la administración se asumió la desaparición de personas como una dolorosa realidad que exige la máxima empatía y responsabilidad. Presumió una reducción del 55 por ciento en los reportes de desapariciones, entre 2021 y 2026, pues la cifra pasó de 1 mil 196 a 535 casos en este año.
También resaltó que 2 mil 761 personas fueron localizadas en los primeros cinco años del sexenio y que el subsidio para la Comisión de Búsqueda aumentó de 19 millones de pesos en 2022 a 35 millones para este año.
No obstante, la panista Karla Estrada García le recordó que las desapariciones siguen como un tema de preocupación, mientras que Santivañez Ríos le reclamó por actos de represión a colectivos de buscadoras.
Por su parte, el diputado Eleuterio Ramos Leal, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionó el pago por honorarios a elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas, “merecen cuando menos el reconocimiento de relación laboral”, a lo que el funcionario respondió que es un asunto que se está viendo ya en la Secretaría de Administración (Sad).
Destacó el trabajo de consenso que desde la Legislatura se emprendió para que se aprobara por unanimidad la nueva Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas, un marco legal de vanguardia, que homologa la legislación local con las nuevas disposiciones federales, crea el Fondo Estatal Obligatorio y faculta a los municipios con áreas especializadas para garantizar la atención inmediata.
REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS
Durante su comparecencia, el secretario general de Gobierno refirió que van 27 mil personas atendidas en la Comisión de Atención a Víctimas, además de 1 mil 100 servicios de atención psicológica y 1 mil 500 gestiones de trabajo social.
Por lo anterior, aseguró, el compromiso de este Gobierno con la Atención Integral a Víctimas se refleja en la evolución histórica del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que en cinco años ha logrado un aumento de cerca del 170 por ciento.
Lo anterior, con apego al principio de progresividad en el presupuesto y a un marco normativo, en el cual el Estado procura y protege los derechos humanos.
Además, Reyes Mugüerza recordó que en 2021 se registraron 1 mil 741 homicidios, y desde entonces se ha hecho un trabajo de pacificación para reducir la cifra en un 96 por ciento, “hemos participado activamente en este proceso”.
Mencionó que en el año de la paz “hubo quienes se burlaron de esta estrategia”, pero destacó el trabajo que se hizo, principalmente por elementos de seguridad. Reveló además que ya hay un titular de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es Héctor Bernal Gallegos.
En cuanto a Protección Civil, comentó que en cinco años se han recibido 7 mil 200 llamadas de emergencia, situación que espera que disminuya con la reducción accidentes.
ACUSA CORRUPCIÓN
Ante un proceso de investigación en la Junta de Conciliación y Arbitraje, Rodrigo Reyes dijo que el organismo tiene un nuevo titular, Jorge Alberto Castillo, pero insistió en que sí hubo corrupción al ponerse de acuerdo trabajadores y abogados para negociar laudos. Sin embargo, aclaró que Función Pública sigue la investigación y están a la espera de resultados.
Sobre las viviendas afectadas en Ojocaliente por un atentado con explosivos contra la comandancia policiaca el 30 de agosto, el funcionario reiteró su compromiso a que el ataque no quede en impunidad. Reveló que 45 personas fueron detenidas a raíz de éste y otros hechos.
Sobre los hechos de inseguridad, como el caso de Ojocaliente, cuestionó la responsabilidad que tienen los alcaldes. “La Fiscalía ya está investigando, la Fiscalía General de la República”, dijo.
En diferentes intervenciones, el diputado Jaime Esquivel Hurtado comentó que los resultados ahí estaban; Fernanda Miranda Herrera mencionó que había críticas de la oposición que eran repetitivas, mientras que Saúl Cordero Becerril no hizo preguntas, pero adelantó que seguirán hablando del pasado, en referencia a los gobiernos priístas.
TRANSPORTE PÚBLICO Y DESARROLLO POLÍTICO
Respecto al transporte público, luego de la convocatoria emitida en septiembre de 2024, para asignar 334 concesiones, a la fecha se han otorgado 164 en Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez de García Salinas, Sombrerete, Río Grande, Ojocaliente, Pinos, Loreto, Juchipila y Tlaltenango de Sánchez Román; además, se han realizado 358 transmisiones de derechos de concesiones por conceptos de fallecimiento del titular.
Desde la Subsecretaría de Desarrollo Político se emprendieron más de 6 mil 400 acciones orientadas a preservar la gobernabilidad; se instalaron mesas permanentes con el sector magisterial y sindical para garantizar derechos laborales y proteger la estabilidad institucional.
Asimismo, en cinco años se acumularon más de 5 mil intervenciones enfocadas en brindar certeza patrimonial y atender las causas del campo.