La tauromaquia lleva ahora su preocupación a Diputados
El Senado de la República aprobó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales y la turnó a la Cámara de Diputados, con lo que se abre una nueva etapa legislativa de particular relevancia para la tauromaquia mexicana.
La aprobación se produjo después de que representantes de la tauromaquia, junto con los sectores gallístico y ganadero, solicitaran al Senado no avanzar sin analizar previamente las consecuencias económicas, sociales y jurídicas de una legislación que puede incidir sobre actividades relacionadas con animales.
Para el sector taurino, el asunto adquiere especial importancia por el alcance que podría tener la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional de diciembre de 2024, que estableció la prohibición del maltrato animal y facultó al Congreso para expedir legislación general en materia de protección, cuidado y bienestar animal.
El mandato constitucional existe. La discusión se encuentra ahora en cómo será desarrollado y aplicado, particularmente frente a actividades que cuentan con regulación propia en distintas entidades del país.
La tauromaquia forma parte de ese debate.
Antes de que el Senado avanzara en la aprobación, Tauromaquia Mexicana manifestó que los sectores directamente involucrados debían participar en la construcción de un ordenamiento con potencial para modificar su actividad.
“No buscamos frenar una legislación en materia de bienestar animal. Lo que exigimos es participar en una discusión que tendrá consecuencias para nuestros sectores”, señaló Manuel Sescosse, presidente de Tauromaquia Mexicana.
El planteamiento adquiere una dimensión que no se limita al espectáculo taurino.
Alrededor de la crianza del toro de lidia y la celebración de festejos existe una cadena productiva integrada por ganaderos, trabajadores del campo, veterinarios, transportistas, empresarios, toreros y sus cuadrillas, artesanos, proveedores, trabajadores de plazas, comerciantes y prestadores de servicios.
Tauromaquia, gallística y ganadería estiman que, consideradas conjuntamente, representan más de 2.5 millones de empleos directos e indirectos y una actividad económica superior a 170 mil millones de pesos. Se trata de cifras aportadas por los propios sectores, por lo que deben atribuirse como tales, pero constituyen uno de los argumentos utilizados para solicitar al Congreso un análisis económico antes de adoptar disposiciones que puedan afectarlos.
La discusión legislativa también contiene un elemento que resulta especialmente sensible para la tauromaquia.
Entre las iniciativas presentadas durante el proceso existieron propuestas que buscaban incluir expresamente a las corridas de toros y novillos entre los actos considerados de crueldad animal. Sin embargo, esas iniciativas constituyen antecedentes legislativos y no deben confundirse automáticamente con el contenido definitivo aprobado por el Senado.
Esa distinción resulta fundamental.
Será necesario conocer y analizar puntualmente el texto remitido a la Cámara de Diputados para determinar cuáles disposiciones permanecieron, cuáles fueron modificadas durante el proceso y cuál puede ser su alcance concreto sobre la fiesta brava.
El debate tampoco termina exclusivamente en la tauromaquia. La nueva legislación contempla instrumentos nacionales de protección animal, registros, sistemas de información, obligaciones para autoridades y particulares, mecanismos de inspección y un régimen de sanciones. Durante la propia discusión legislativa también se reconoció que existen aspectos que deberán perfeccionarse, entre ellos los relacionados con los recursos necesarios para instrumentarla.
Para el mundo taurino, sin embargo, existe una cuestión adicional: hasta dónde puede llegar una ley general frente a una actividad cuya regulación presenta diferencias importantes entre las entidades federativas.
En México, la situación jurídica de la tauromaquia no es uniforme. Existen estados y municipios con disposiciones diferentes, además de entidades donde determinadas expresiones taurinas cuentan con reconocimientos culturales y otras donde se han establecido restricciones.
Por ello, cualquier modificación federal obliga a revisar cuidadosamente su relación con las competencias estatales y municipales, así como sus eventuales efectos sobre actividades actualmente permitidas.
Tauromaquia Mexicana ha insistido en que la discusión no debe plantearse como una oposición al bienestar animal. Su posición es que los sectores directamente afectados deben tener representación dentro del proceso y que cualquier regulación debe construirse a partir de información técnica, económica y jurídica.
La aprobación del Senado no cierra ese debate.
Lo traslada ahora a la Cámara de Diputados.
Será ahí donde la tauromaquia mexicana tendrá una nueva oportunidad para exponer sus argumentos, presentar cifras y defender jurídicamente la continuidad de una actividad que involucra no solamente la celebración de festejos, sino también la crianza del toro de lidia, el campo bravo y una extensa cadena económica asociada.
El punto central, por tanto, ya no es detener una votación que ocurrió.
La discusión para el sector taurino está ahora en el contenido que analizarán los diputados, las modificaciones que puedan introducirse y el alcance final que tendrá la nueva legislación sobre la tauromaquia en México.
Manolo Briones