MÉXICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la obligación de los patrones agrícolas de garantizar condiciones dignas de vida para los trabajadores y sus familias, como viviendas adecuadas, con piso firme, agua potable y baños, así como alimentación sana, especialmente a quienes laboran en zonas aisladas o se desplazan lejos de sus lugares de origen.
Por unanimidad, los ministros rechazaron amparar a tres empresas de Sonora que acusaron que los artículos 283 y 284 de la Ley Federal del Trabajo, que, tras reforma de enero de 2024, obliga a los patrones a otorgar vivienda gratuita y digna, alimentación sana y suficiente, servicios de salud gratuitos, educación y guarderías.
Los patrones argumentaron que estas medidas eran cargas excesivas, desproporcionadas y discriminatorias, ya que trasladaban a los particulares lo que es obligación del Estado, como la salud o la vivienda, que ya se paga a través de la aportación al IMSS y al Infonavit.
Asimismo, que la alimentación sana y suficiente es una responsabilidad primordial del Estado.
La Corte, en cambio, apoyó las propuestas de la Ministra Yasmín Esquivel, quien en los Amparos en Revisión 199/2026, 587/2025 y 230/2026 concluyó que se trata de obligaciones distintas.
Argumentó que mientras las aportaciones al Infonavit buscan que el trabajador adquiera una vivienda en propiedad, la obligación del artículo 283 se refiere al alojamiento temporal, o que la alimentación sana y suficiente, reconocido como garantía en el artículo cuarto para todos los mexicanos, es distinto al que está relacionado con un trabajo digno en un sector donde el acceso a alimentos nutritivos es difícil debido a la ubicación de los centros.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, apoyó la propuesta de Esquivel al asegurar que son los empleadores los que tienen la obligación.
«Yo creo que no es fundado que se está trasladando la obligación del Estado hacia los empleadores, porque los principales beneficiarios de estas condiciones laborales son los empleadores, y se están se está planteando un conjunto de prestaciones que garantizan condiciones de salud, de educación, de capacitación y condiciones dignas en el lugar de trabajo», dijo Aguilar Ortiz.
El Ministro acusó que miles de personas, principalmente indígenas del sur del país, son contratadas cada año y llevadas en camiones al norte, donde viven en muy malas condiciones.
«En el año 2015 un gran número de migrantes de San Quintín, de Ensenada, hicieron una gran movilización para reclamar mejores condiciones laborales. Se les pagaba 70 u 80 pesos al día, es decir, 2 mil 100, 2 mil 800, 3 mil pesos, y vivían hacinados en condiciones infrahumanas. Les ponían, prácticamente, tiendas de raya. Son condiciones, la verdad, lacerantes, y por eso yo reconozco que la Corte tenga este pronunciamiento de declarar constitucional todo este conjunto de medidas», argumentó.
La Ministra Lenia Batres indicó que 3.4 millones de personas en México laboran en el campo, más del 80 por ciento en la informalidad, con escolaridad promedio del sexto año de primaria y más de la mitad mayores de 49 años.
«Se trata de un sector esencial para la economía y las necesidades alimentarias, históricamente ha enfrentado condiciones de alta marginación y carencia de acceso efectivo a derechos básicos», afirmó Batres.
Los ministros coincidieron en que declarar la validez de las obligaciones de los patrones agrícolas subsana una deuda histórica.
«Hay que recordar simplemente una de las grandes causas que origina la Revolución Mexicana y que da origen a nuestra constitución social es precisamente el trabajo de las personas en el campo», expresó el Ministro Irving Espinosa Betanzo.
Sesionan hora y media; resuelven cuatro asuntos
La SCJN tuvo una de sus sesiones más breves este miércoles, que duró apenas una hora y media, y discutió cuatro amparos en revisión, tres de ellos de manera conjunta.
La sesión comenzó a las 12:30 horas, una hora y media más tarde de lo habitual, o dos horas y media si se toma en cuenta que los ministros son citados a las 10:00.
«Ofrezco una disculpa a todos por el retraso, hemos estado abordando algunos temas cruciales para el funcionamiento de la Corte, y por eso nos retrasamos para el inicio de la sesión programada para el día de hoy», dijo el Ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.
Aunque no mencionó el tema, la renovación de la presidencia de la Corte es uno de los temas más importantes debido a la contradicción constitucional que existe sobre si deberá de renovarse en función al número de votos obtenido en la pasada elección judicial o si debe ser a partir de un acuerdo interno.
Por la mañana, en su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum había aceptado que un sector empresarial se opone a que sea la Ministra Lenia Batres, segunda en la votación, quien asuma la presidencia a partir de 2027.
«Hay empresarios que plantean una u otra persona, no necesariamente Lenia Batres, pero bueno, eso es un asunto de la Corte y ahí tiene que definirse», dijo.
Además de la validez de artículos en la Ley Federal del Trabajo sobre obligación de patrones agrícolas, los ministros también resolvieron el 5765/2025 en el que los ministros confirmaron que la indemnización por muerte laboral debe calcularse en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Pasada apenas, las 14:00 horas, Hugo Aguilar dio por terminada la sesión pues dijo que recibirían a jubilados y pensionados del IMSS quienes el martes instalaron un plantón afuera de la Corte en reclamo de que la Corte avale la devolución de sus ahorros de cesantía y vejez.
Jorge Ricardo Nicolás
Agencia Reforma