Los Derechos Humanos y el principio de legalidad mantienen una relación estrecha e indispensable, ya que el cumplimiento de la ley solo adquiere pleno sentido cuando tiene como finalidad la protección de las personas y el reconocimiento de sus derechos fundamentales
La legalidad constituye uno de los principios fundamentales sobre los que se sostiene el Estado democrático de Derecho, su observancia garantiza que todas las personas y todas las autoridades actúen conforme a la Constitución y a las leyes, evitando la arbitrariedad y asegurando el respeto a la dignidad humana, en este contexto, los Derechos Humanos y el principio de legalidad mantienen una relación estrecha e indispensable, ya que el cumplimiento de la ley solo adquiere pleno sentido cuando tiene como finalidad la protección de las personas y el reconocimiento de sus derechos fundamentales.
El principio de legalidad establece que toda actuación de las autoridades debe estar fundada y motivada en la ley, dado que ninguna autoridad puede actuar fuera de las facultades que expresamente le confiere el orden jurídico, ni puede restringir derechos de manera arbitraria por lo que este principio representa una garantía para la ciudadanía, pues limita el ejercicio del poder público y evita que las decisiones gubernamentales dependan de intereses personales o discrecionales.
La reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos (DH) fortaleció de manera significativa esta relación al incorporar el principio pro persona y ampliar la obligación de todas las autoridades de interpretar y aplicar las normas favoreciendo en todo momento la protección más amplia de los DH, a partir de esta reforma, la legalidad dejó de entenderse únicamente como el cumplimiento formal de la ley para convertirse también en un instrumento orientado a garantizar la dignidad humana.
El respeto a la legalidad implica que las leyes sean claras, generales, públicas y aplicadas de manera imparcial, que dichas normas sean compatibles con los estándares nacionales e internacionales de DH; una ley que discrimina, excluye o restringe injustificadamente derechos fundamentales resulta contraria al orden constitucional y a los principios que rigen un Estado democrático.
Uno de los ámbitos donde la legalidad cobra especial relevancia es la actuación de las personas servidoras públicas, quienes ejercen funciones de autoridad tienen el deber de conducirse con apego a la Constitución, actuar con imparcialidad, transparencia, objetividad y respeto a los derechos de las personas; cada acto administrativo, cada resolución y cada decisión deben estar debidamente fundamentados y motivados, garantizando certeza jurídica y evitando abusos de poder.
La legalidad también protege a las personas frente a actos arbitrarios mediante el reconocimiento de diversas garantías procesales, como el derecho de audiencia, el debido proceso, la presunción de inocencia, el acceso a una defensa adecuada y el acceso efectivo a la justicia; estas garantías permiten que cualquier actuación de la autoridad sea revisada y, en su caso, corregida cuando vulnere DH.
En México, los organismos públicos de protección de los derechos humanos desempeñan una función esencial para fortalecer la cultura de la legalidad; a través de la atención de quejas, la emisión de recomendaciones, la capacitación de personas servidoras públicas y la promoción de una cultura de respeto a la dignidad humana, contribuyen a que la actuación de las autoridades se ajuste a los principios constitucionales y a los estándares internacionales de DH, la legalidad también constituye un elemento indispensable para combatir la corrupción y la impunidad, cuando las leyes se aplican de manera igualitaria y las autoridades rinden cuentas de sus actos, aumenta la confianza ciudadana en las instituciones y se fortalece el Estado de Derecho.
Por el contrario, la aplicación selectiva de la ley, el abuso de autoridad y la falta de sanciones generan desconfianza social y propician nuevas violaciones a los DH.
La educación en DH y en cultura de la legalidad representa una herramienta fundamental para fortalecer la convivencia democrática, desde las escuelas, las universidades, las instituciones públicas y las familias debe promoverse el conocimiento de los derechos, las obligaciones y los valores que sustentan una sociedad respetuosa del orden jurídico, como la responsabilidad, la honestidad, la igualdad, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana.
TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS.
*Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ)
COLUMNA: CONOCE TUS DERECHOS
TÍTULO: Derechos Humanos y Legalidad
DRA. MARICELA DIMAS REVELES*