CIUDAD DE MÉXICO. La extradición de Florian Tudor, «El Tiburón», líder de la mafia rumana que clonaba tarjetas a turistas en Cancún y Los Cabos, está atorada.
En mayo de 2021, el entonces Canciller Marcelo Ebrard prometió que la entrega del mafioso a Rumania sería «muy rápida» pero con amparos y estrategias legales está frenado.
Cinco años después, el presunto jefe de la llamada mafia rumana sigue preso en México, mientras el proceso abierto en su país por delincuencia organizada, extorsión e instigación a tentativa de homicidio permanece suspendido porque no ha podido ser llevado ante el tribunal.
«No podría decir exactamente si es hoy o este fin de semana, pero sí me dijeron que va a ser muy rápido», declaró Ebrard el 28 de mayo de 2021, un día después de la captura del empresario rumano.
Según registros, Tudor permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, mientras antiguos integrantes de la organización que, de acuerdo con la justicia rumana, operaban bajo sus órdenes ya fueron condenados a penas de entre 12 y 13 años de prisión.
Entre sus colaboradores estaba Alejandro Enrique Arcos Romero, que también estuvo en la Agencia Nacional de Aduanas de México cuando era encabezada por Rafael Marín Mollinedo.
Arcos opera ahora la campaña de Marín Mollinedo para que obtenga la candidatura de Morena a la Gubernatura de Quintana Roo, como ha publicado REFORMA con base en una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La Dirección de Investigación de Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo de Rumania (DIICOT) acusa a «El Tiburón» de constituir y dirigir una organización criminal que recurrió a amenazas, extorsiones y violencia contra empresarios y sus propios integrantes.
De acuerdo con los fiscales rumanos, Tudor creó a partir de 2015 una estructura criminal en Cancún a la que se incorporaron otros ciudadanos de ese país, principalmente originarios de la región de Craiova.
Uno de los principales cargos en su contra deriva de un ataque ocurrido en México.
Según la acusación de DIICOT, Tudor ordenó a sus subordinados matar a Sorin Constantin Marcu, antiguo colaborador suyo con quien había entrado en conflicto.
El 2 de abril de 2018, integrantes de la organización atacaron y apuñalaron a Marcu en Cancún. La víctima sobrevivió.
Por esos hechos, la Fiscalía rumana acusa a Tudor de instigación a tentativa de homicidio calificado.
Marcu fue asesinado dos meses después, el 11 de junio, también en Cancún. Ese homicidio forma parte de otro expediente de DIICOT que continúa bajo investigación, por lo que no está incluido entre los cargos por los que Tudor fue enviado a juicio.
La acusación rumana también reconstruye episodios de intimidación utilizados presuntamente para mantener el control de sus negocios y de integrantes de la organización.
En 2017, Tudor habría ordenado amenazar a una persona para obligarla a renunciar a derechos relacionados con dos inmuebles en Rumania.
Ese mismo año, según DIICOT, habría amenazado a uno de sus colaboradores para forzarlo a regresar a México y continuar realizando actividades de «skimming», como se conoce a la obtención ilegal de información almacenada en tarjetas bancarias.