TABASCO. Un grupo de habitantes de Tabasco, autodenominado Ciudadanía en lucha por la justicia, llamó a los diputados locales a reformar la Ley de Justicia para Adolescentes, con el fin de establecer la retención y atención de menores infractores de entre 12 y 14 años (grupo etario 1) en delitos graves.
Lo anterior, luego de que una niña de 10 años fuera agredida física y sexualmente a manos de, presuntamente, un adolescente de 13 años en dicho municipio.
El menor fue vinculado a dichos delitos, pero debido a su edad actualmente se encuentra en resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), en espera de la determinación del juez.
MEDIDAS NO GARANTIZAN JUSTICIA
Por medio de un escrito en redes, el grupo ciudadano solicitó la atención de los legisladores del Congreso del Estado de Zacatecas para una “atención urgente sobre una situación que lastima a nuestra sociedad y que las leyes actuales no logran resolver”.
En este sentido, los ciudadanos plantearon que, cuando se trate de agresiones y delitos graves, se establezca la completa retención a menores infractores pertenecientes al grupo etario 1 en centros tutelares, o bien la creación de instalaciones tutelares específicas y adecuadas para este grupo.
Argumentaron que la legislación vigente no brinda la protección ni la justicia que se requieren en la actualidad, al mencionar que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no contempla medidas privativas de la libertad contra menores de entre 12 y 14 años.
“Demasiados casos quedan en la impunidad, ya que quienes cometen delitos graves se escudan en su edad y en su clasificación dentro del grupo etario 1, quedando a menudo solo bajo supervisión, medida que resulta insuficiente y no garantiza que se haga justicia”, reprobaron.
ESTADO DEBE SER FIRME
Ciudadanía en lucha por la justicia apeló a la sensibilidad de los diputados para que “analicen nuestra propuesta y reflexionen sobre ella poniéndose en el lugar de las víctimas”, así como a considerar el sentir de padres y madres de familia.
“Nadie está exento de sufrir una agresión por parte de un menor, y no es justo que el dolor y el daño queden sin respuesta legal adecuada”, aseveró.
Advirtió también que en este tipo de agresiones no basta con la supervisión: “Necesitamos mecanismos reales que garanticen a las víctimas y a sus familias una reparación del daño integral y justa”.
Los integrantes del grupo señalaron que el daño no se paga con dinero, por lo que la respuesta del Estado debe ser profunda, restaurativa y firme ante la gravedad de los hechos.
“Les solicitamos que tomen esta iniciativa con responsabilidad, para que ningún caso quede en la impunidad y podamos construir un sistema de justicia que realmente proteja a la sociedad y cumpla con su fin”, insistieron.
Pese a dar a conocer la propuesta, Ciudadanía en lucha por la justicia no precisó si el documento ya fue entregado a los legisladores o al Congreso del Estado.