ZACATECAS. Derivado de los hechos de violencia registrados el pasado 18 de julio, el Gobierno de Zacatecas, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), informó que la Operación Rastrillo acumula 14 detenciones, un civil armado sin vida y 17 cateos, 12 de ellos ejecutados en casas de seguridad y puntos de venta.
Despliegue operativo
El secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, detalló que en el área de operaciones actúan tres agrupamientos —Coca, Bravo y Alpha—, con el respaldo de tres helicópteros que realizan tareas de reconocimiento y peinado de la zona, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las fiscalías y la Policía Estatal.
La Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) ha registrado tres agresiones en su contra en el área de General Francisco R. Murguía, en las que se logró la reducción de una persona.
Como resultado del despliegue, se ha asegurado armamento, droga y equipo táctico, así como diversos vehículos localizados sobre brechas y otros ocultos entre árboles.
Precisó que, ante la presión operativa, los grupos delincuenciales se han replegado hacia la sierra de Chalchihuites, la sierra de Órganos, en Sombrerete, y hacia el estado de Durango.
“La Operación Rastrillo va a seguir en función hasta alcanzar los objetivos trazados”, afirmó el general Arturo Medina Mayoral, quien subrayó que sobre esa área de operaciones se llevan a cabo detenciones y aseguramientos.
Hay siete detenidos prioritarios y correspondencia genética
El fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que, de las 14 personas detenidas en la Operación Rastrillo, siete son de alta relevancia para el esclarecimiento del hecho, tres originarias de Durango, tres de Sinaloa y una de Zacatecas. De ellas, tres han sido identificadas en los hechos del 18 de julio.
La investigación ha permitido obtener dos órdenes de aprehensión contra personas adultas por el delito de homicidio calificado, mientras que una persona adolescente permanece bajo la medida cautelar de internamiento preventivo, en tanto se formula imputación por el mismo delito ante la coordinación especializada en justicia para adolescentes.
El avance sustantivo provino del trabajo pericial, por lo que, en el vehículo en el que fueron detenidas de manera flagrante las personas hoy judicializadas, se localizaron rastros de sangre y huellas dactiloscópicas que, tras un procesamiento exhaustivo de servicios periciales, permitieron establecer correspondencia con el perfil genético de las víctimas.
La indagatoria suma más de 105 dictámenes periciales, la intervención de 20 líneas telefónicas, el análisis de datos conservados y sábanas de llamadas, así como la revisión de más de 32 mil imágenes obtenidas de sistemas de videovigilancia.
En materia de aseguramientos, la FGJE reporta seis vehículos de interés que pertenecían a las víctimas y dos más que participaron en los hechos, localizados en Fresnillo y Sain Alto.
Ocho víctimas fueron citadas a una reunión
El fiscal general detalló que ocho de las 10 víctimas advirtieron a familiares o personas cercanas que acudirían a una reunión “con los señores”, expresión literal documentada en la carpeta de investigación, lo que acredita que tenían contacto o comunicación directa con sus agresores.
Las citas se realizaron en distintos días y horarios, el 16, 17 y 18 de julio, y el punto de reunión referido fue Buenavista de Trujillo, Fresnillo.
Precisó que siete de las 10 víctimas mantenían relación con el Ayuntamiento de Fresnillo, cinco empresarios con relación comercial acreditada y dos servidores públicos, entre ellos el entonces director de Desarrollo Social y un elemento de Protección Civil, cuyo caso podría tratarse de un hecho circunstancial; entre las víctimas se cuenta también un exregidor originario de Durango.
Investigación financiera y coordinación institucional
El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya informó que la investigación financiera se desarrolla con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y abarca a cinco personas morales.
Explicó que el bloqueo de cuentas se solicitó únicamente respecto de personas físicas, con el fin de no afectar a trabajadores ajenos a los hechos.
La investigación cuenta con el respaldo del Gabinete de Seguridad Nacional, de las fuerzas estatales y de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que ha judicializado a cuatro de las personas prioritarias por delitos federales relacionados con el aseguramiento de armas de fuego, cargadores y cartuchos. En el marco de la colaboración interinstitucional se ejecutaron, además, seis órdenes de cateo en Tabasco.
