CIUDAD DE MÉXICO. Gilda Susana Lozoya Austin inició esta mañana su comparecencia en una audiencia en la que una juez federal resolverá si la vincula o no a proceso por un presunto lavado de 3.5 millones de dólares en el caso Agronitrogenados.
En punto de las 9:00 horas dio inicio la diligencia presidida por la juez de control Nora Ileana García Peralta, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien el pasado viernes le concedió a la imputada la libertad provisional bajo ciertas restricciones.
Las condiciones fueron la colocación de un brazalete electrónico en los próximos 10 días, la entrega del pasaporte, la presentación periódica cada 15 días, la prohibición de salir de la Ciudad de México y el área metropolitana, así como la prohibición de salir del País.
La juzgadora rechazó imponerle la prisión preventiva justificada porque estimó que la Fiscalía General de la República (FGR) no le presentó ninguna diligencia reciente que acreditara su falta de arraigo en la Ciudad de México y, por tanto, el riesgo de que pudiera darse a la fuga.
La FGR manifestó en la audiencia inicial que la imputada tenía cinco domicilios en la Ciudad de México y no la encontraron en ninguno de ellos, además de que contaba con recursos económicos, personas conocidas en el extranjero y estaba divorciada y sin hijos, factores que suponen un riesgo de fuga.
La juez, sin embargo, desestimó estas alegaciones porque su defensa manifestó que la búsqueda que hizo la Fiscalía de Gilda Susana en esos domicilios data de 2023, además, tiene congeladas sus cuentas bancarias y regresó al País de un viaje de una semana en Europa.
El abogado Alejandro Rojas Pruneda denunció el fin de semana actos de intimidación y amedrentamiento a su clienta por parte de autoridades federales, al merodear su casa y citarla el sábado pasado a las oficinas de la Guardia Nacional en Ecatepec, para practicarle una evaluación de riesgos.
En una carta pública, el abogado acusó a la FGR y la Guardia Nacional de cometer en agravio de su representada graves violaciones al debido proceso, la presunción de inocencia, la protección de datos personales y el derecho de defensa.
Por ello, pidió a la Fiscal General, Ernestina Godoy, ordenar el cese de todos los actos de intimidación y presión a Gilda Lozoya, imputada por presuntamente lavar 3.5 millones de dólares en el caso Agronitrogenados.
En la audiencia de este martes, la FGR tendrá la posibilidad de volver a pedir la prisión preventiva justificada, pero no podrá hacerlo con los mismos argumentos del pasado viernes, salvo que presente nuevos datos de prueba.
El 23 de junio de 2023 un juez federal ordenó la captura de Gilda Susana Lozoya por lavado de dinero, al atribuirle ser beneficiaria de una cuenta bancaria en la que su hermano Emilio Lozoya habría cobrado un soborno de 3.5 millones de dólares a Altos Hornos de México (AHMSA), en ese entonces empresa de Alonso Ancira.
La tesis de la FGR es que el pago fue para que, al llegar a la dirección de Pemex, Emilio Lozoya comprara con sobreprecio la planta «chatarra» de Agronitrogenados en el complejo de Pajaritos, Veracruz.
La empresa productiva del Estado pagó 275 millones de dólares en esta operación.
La Fiscalía considera que Gilda Lozoya fue un «eslabón» con un peso específico en este asunto porque los 3.5 millones del supuesto soborno se pagaron en una cuenta cuyo titular del derecho de disposición era Emilio Lozoya, quien luego cedió ese derecho a favor de su hermana.
Gilda Lozoya, según información que la Fiscalía señaló en la audiencia, fue la responsable de transferir los recursos para pagar la casa que Emilio Lozoya adquirió en Lomas de Bezares en 38 millones de pesos, en 2012.
Abel Barajas
Agencia Reforma