El fiscal Cristian Camacho Osnaya reafirmó que “estamos ante un tema de extorsión” en el caso del asesinato de 10 funcionarios, ex funcionarios y empresarios, quienes tienen una coincidencia: un vínculo con el Ayuntamiento de Fresnillo, específicamente, con el secretario de Desarrollo Social, Fidel, una de las víctimas del multihomicidio del 18 de julio.
Se trata de un servidor público de alto nivel en el Municipio, precisó el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y resaltó que también participaba en la organización de la Feria de Fresnillo, que “ha sido cuestionada en los últimos años”. Por ello, se ha citado a comparecer al alcalde Javier Torres Rodríguez.
Cristian Camacho agregó que otra persona clave en estos hechos sería Guillermo “N”, El Monumento, quien se hacía pasar por líder sindical y que es procesado por extorsión por el alza injustificada de materiales para la construcción, situación denunciada desde 2025.
TESTIMONIOS FUNDAMENTALES
Luego de que el alcalde Javier Torres solicitara públicamente la colaboración de las autoridades estatales para esclarecer los hechos, Camacho Osnaya lo llamó a presentarse a declarar este viernes ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto.
Reveló que la FGJE intentó contactar al primer edil este miércoles en la presidencia, pero “evitó la entrevista” por asuntos personales y de salud. Su testimonio, subrayó el fiscal, es esencial por la relación laboral que mantenía con las víctimas.
Aunque no se dieron a conocer sus nombres, hay otros dos funcionarios municipales que tampoco han comparecido, lo que se insistió es fundamental para las investigaciones, pues el secretario de Desarrollo Social estaba bajo cargo del alcalde, quien “debe tener conocimiento de sus alcances”.
Fidel, explicó Cristian Camacho, era responsable de asignación de obras públicas, gestión de recursos públicos, otorgamiento de permisos y está involucrado en la organización de la feria de Fresnillo. Del otro servidor municipal víctima, el bombero Jesús Gerardo, su involucramiento en los hechos “fue circunstancial”.
PARTICIPACIÓN DE EMPRESARIOS
Dentro de la investigación, se presume que por lo menos dos de los empresarios “tuvieron una participación activa en este círculo de extorsión que, estamos conscientes, pudo ser de manera voluntaria o coaccionada”.
Camacho Osnaya aclaró que con las investigaciones no se busca responsabilizar a las víctimas, sino esclarecer el contexto en el que ocurrieron los hechos. “Estamos frente a un hecho delictivo de alto impacto, como lo es el homicidio. Tenemos 10 víctimas y así tendrán que ser reconocidas y tratadas en todo momento”, enfatizó.
Del ex alcalde de Sombrerete y empresario, Ignacio, informó que es del único con el que se cuenta con datos de que fue privado ilegalmente de la libertad, antes del homicidio, y que también tenía actividades empresariales relacionadas con Fresnillo, “no directamente ligadas a la construcción, sino al sector productivo”.
En cuanto al ganadero duranguense que residía en Jiménez del Teúl, José Ángel, el titular de la FGJE explicó que estaba vinculado con la organización de la feria, mientras que del ex regidor y ex director de la policía de Canatlán, Durango, Andrés, no se especificó su relación con las demás víctimas, solo que tenía ruta continua hacia Fresnillo.
AVANCES EN INDAGATORIAS
Como parte de los avances, se destacó que, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), son investigadas 14 cuentas bancarias, de las que nueve ya han sido congeladas.
A la pregunta de que si se trata de cuentas del ayuntamiento o personales, el fiscal Cristian Camacho respondió que por sigilo únicamente se puede precisar que son tanto de personas físicas como morales.
Además, dio a conocer que las víctimas se desplazaban en dos grupos de tres personas, información obtenida mediante análisis de comunicaciones, registros telefónicos y otros actos de investigación que permitieron reconstruir parte de la movilidad previa a los homicidios.
El fiscal también confirmó que el caso estaría ligado con las denuncias por el alza injustificada en el precio de materiales pétreos que se detonaron en septiembre de 2025 y que, según las autoridades, había quedado resuelto; sin embargo, se reactivó este año.
Asimismo, aunque no especificó detalles, se advirtió como “punto clave” a Guillermo “N”, alias El Monumento, quien se hacía pasar por líder sindical y que fue detenido en mayo y vinculado a proceso en junio por extorsión agravada.
TRES PROBABLES RESPONSABLES
Cristian Camacho expuso que las autoridades realizaron cinco cateos en Fresnillo, aseguraron seis vehículos, cuatro de las víctimas; intervinieron más de 10 líneas telefónicas y procesan más de 30 dispositivos electrónicos.
Además, confirmó la detención de cinco personas, de las cuales dos ya fueron vinculadas a proceso por otros delitos, mientras que tres tienen una alta probabilidad de participación directa en el multihomicidio, para lo que solo falta el resultado de dictámenes científicos para fortalecer la imputación correspondiente.
“Hay un vehículo de alta relevancia, es una camioneta pick up, la cual tras de ser analizada de manera minuciosa compañeros de servicios periciales han logrado determinar la existencia de rastros lofoscópicos, en específico sangre”, sostuvo. Según los resultados, se podrá imputar el delito de homicidio doloso.
Las indagatorias también permitieron identificar cuatro vehículos utilizados durante los hechos de Pánuco y Morelos, así como cuatro armas de fuego, cuyos indicios balísticos ya fueron incorporados a la base nacional de identificación.
ANALIZAN VIDEO
Respecto al video difundido en redes sociales tras el multihomicidio, el fiscal general de Justicia pidió no tomar ese material como elemento concluyente de la investigación.
Explicó que los análisis técnicos realizados por la FGJE indican que la grabación comenzó a difundirse desde páginas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación; sin embargo, Camacho Osnaya sostuvo que las investigaciones mantienen la hipótesis de que el ataque corresponde a una célula relacionada con el Cártel de Sinaloa.
Insistió en que ningún video difundido en redes sociales modificará el rumbo de las investigaciones y exhortó a verificar la información antes de compartirla, al señalar que ese tipo de contenidos puede formar parte de estrategias de desinformación utilizadas por grupos delictivos.