CIUDAD DE MÉXICO. El Gobierno de México descartó que exista urgencia en la solicitud de Estados Unidos para la detención provisional con fines de extradición del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que la petición no acredita los elementos necesarios para proceder bajo la figura de detención provisional.
«La Fiscalía General de la República emitió opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a que la parte requirente no aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada», afirmó Alcalde.
Durante la conferencia en Palacio Nacional, explicó que el Artículo 11 del tratado de extradición entre México y Estados Unidos permite solicitudes de detención provisional únicamente en casos urgentes, cuando exista riesgo de sustracción u obstaculización del proceso y se presenten elementos que lo sustenten.
Señaló que, conforme a ese mecanismo, la solicitud de detención provisional es previa a la petición formal de extradición y obliga al Estados Unidos a presentar la solicitud completa en un plazo determinado, siempre que se haya justificado la urgencia desde el inicio.
Detalló que esos criterios son equivalentes a los exigidos en el sistema penal mexicano, donde se requiere acreditar la existencia de un delito, la probable responsabilidad y la necesidad de cautela por riesgo de fuga o de interferencia en la investigación.
«Para solicitar una orden de aprehensión se requiere aportar datos de prueba ante un juez para acreditar el hecho que la ley señale como delito, la probable responsabilidad y la necesidad de cautela», expuso.
Alcalde indicó que, ante la falta de esos elementos, la FGR solicitó al tribunal estadounidense que proporcione la información necesaria para continuar con el procedimiento conforme al marco legal.
La funcionaria también advirtió que el proceso debió mantenerse bajo confidencialidad, como lo establece el tratado, a fin de proteger el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas involucradas.
«Los procesos de extradición deben ser entregados de manera confidencial para preservar el debido proceso y la presunción de inocencia», agregó.
Claudia Guerrero
Agencia Reforma