CIUDAD DE MÉXICO. Diputados de Oposición acusaron que en el caso Segalmex se ha aplicado una impunidad selectiva, por lo que demandaron actuar de inmediato en contra del ex titular del organismo descentralizado, Ignacio Ovalle.
La emecista Irais Reyes advirtió que Segalmex es el mejor ejemplo de que la llamada 4T no combatió la corrupción, ni combatió las prácticas que tanto criticaron del PRIAN.
Reyes expuso que el caso no sólo es equivalente a la Estafa Maestra del ex Presidente Enrique Peña Nieto, sino que es un ejemplo de impunidad selectiva, porque mientras René Gavira, ex director administrativo de Segalmex ya enfrenta siete procesos penales, su jefe político, Ignacio Ovalle, sigue libre y sin un solo cargo.
«Este caso es el equivalente a la Estafa Maestra de Enrique Peña Nieto. Entre esto y lo de Rocha Moya, nos demuestran que son igualitos a lo que tanto han condenado. La 4T llegó prometiendo que ‘no robarían’ y hoy protegen al de más arriba mientras caen los operadores. Es la misma corrupción de siempre, solo que con discurso distinto, que dicho sea de paso, ya no pueden sostener porque los hechos les rebasan.», dijo.
Grupo REFORMA publicó este lunes que aunque Segalmex ya desapareció, la FGR presentó una nueva imputación contra su ex administrador, René Gavira, quien ya enfrenta seis juicios penales por diversos delitos, por un supuesto desfalco de más de 13 millones de pesos en un contrato de mantenimiento en su sede de Zacatecas
Reyes recordó que el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador creó Segalmex en 2019 con la promesa de que garantizarían la seguridad alimentaria y terminaron desviando 15 mil millones de pesos con los que debían comprar leche, azúcar y comida para los que menos tienen.
«(Esos recursos) terminaron en bolsillos de funcionarios y empresas amigas. ¿Dónde quedó su lema ‘primero los pobres’?», cuestionó.
La legisladora demandó a la FGR llegar hasta las últimas consecuencias, procesar a Ignacio Ovalle, ex director general de Segalmex y extender la indagatoria a los 29 estados considerados en el contrato de mantenimiento y al Comité de Adquisición que avaló todas las irregularidades.
«No puede haber impunidad para los de arriba», insistió.
El panista Héctor Saúl Téllez lamentó que mientras Gavira acumula cargos, ahora por el desfalco de más de 13 millones de pesos, Ignacio Ovalle sigue paseándose libre.
El legislador advirtió que esta actitud es la lógica en un Gobierno que prometió acabar con la corrupción, pero terminó usando el dinero destinado a la compra de leche y tortillas para las familias más pobres del país para llenar los bolsillos de sus amigos.
«Siete imputaciones (contra Gavira) y un agujero que ya supera los 2 mil 639 millones de pesos. Peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal, simulación de operaciones La lista es tan larga como la vergüenza que debería sentir esta Administración.
«Y mientras tanto, el exdirector Ignacio Ovalle sigue paseándose libre, como si para los intocables de la 4T la justicia fuera opcional. Esto no es un ‘error’ ni una ‘irregularidad’. Es el resultado lógico de un gobierno que prometió acabar con la corrupción y terminó convirtiendo una empresa creada para combatir el hambre en una caja chica de sus amigos», afirmó.
Téllez exigió, sin dilaciones, la detención inmediata de Ignacio Ovalle y de todos los funcionarios y exfuncionarios involucrados, la recuperación total y efectiva de los más de 2 mil 600 millones de pesos desviados, más lo que se acumule de todos los resultados de cuentas públicas e investigaciones -cifra que podría ascender a mas de 15 mil millones, la cancelación inmediata de cualquier adjudicación directa sospechosa y la publicación completa de todos los contratos pendientes.
El legislador informó que presentará de inmediato un exhorto para solicitar la comparecencia de Alimentación para el Bienestar, la entidad creada a partir de la fusión de Segalmex con Diconsa, y de la titular de la FGR, Ernestina Godoy.
El panista adelantó que presentará también un punto de acuerdo para obligar a la Auditoría Superior de la Federación a entregar una auditoría integral y pública en menos de 30 días.
Martha Martínez
Agencia Reforma