CIUDAD DE MÉXICO. El Gobierno de Nayarit, a cargo del morenista Miguel Ángel Navarro, enfrenta acusaciones de despojo de terrenos en zonas de alta plusvalía, mediante un esquema de presiones a notarios públicos.
En dicha red participa personal de la Fiscalía estatal y jueces, así como funcionarios de la administración estatal, quienes en conjunto, según estos señalamientos, han presionado a propietarios de terrenos en zonas turísticos y a notarios públicos para ceder propiedades al Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).
Las denuncias se concentran en Bahía de Banderas y Compostela, en el denominado corredor Nuevo Nayarit, una iniciativa gubernamental que fue anunciada en 2025 por la Administración estatal como un proyecto de recuperación del patrimonio público.
En los hechos, dicho plan gubernamental terminó en procesos penales, aseguramientos de inmuebles y disputas por propiedades de alta plusvalía.
De acuerdo con testimonios, un grupo de 10 fedatarios públicos enfrenta acusaciones por parte del Gobierno morenista de Nayarit desde el año pasado, luego de haber certificado operaciones inmobiliarias en mil hectáreas de la Riviera
Nayarit. Cuatro de estos fedatarios han sido encarcelados.
Una de esas operaciones fue formalizada por Luis Miguel Reyes Lamas, notario público 39 en Bahía de Banderas, quien fue llevado a prisión el 27 de diciembre de 2025 y a quien se le ha planteado renunciar a la función notarial para recuperar su libertad.
La acusación contra el notario se originó por una operación inmobiliaria de febrero de 2025, en la que certificó la cesión de un inmueble con base en información oficial generada por autoridades estatales. La defensa del notario ha cuestionado que se le finque responsabilidad penal por inconsistencias documentales de sistemas registrales públicos.
Otro notario acusado es Jesús Torís Lora, titular de la Notaría Pública 18 de Tepic y ex presidente del Colegio de Notarios de Nayarit. Fue detenido el 31 de diciembre de 2025 por presuntas irregularidades inmobiliarias cometidas durante los gobiernos de Ney González y Roberto Sandoval.
La Fiscalía le atribuyó asociación delictuosa, falsificación de documentos y certificaciones, irregularidades registrales y administración fraudulenta en perjuicio del FIBBA.
En junio de 2026 obtuvo un amparo contra su vinculación a proceso, pero la Fiscalía de Nayarit interpuso un recurso de revisión e impidió su liberación. Actualmente, el notario se encuentra en el penal de Tepic.
En otro caso, el abogado Joel Alejandro Fernández, que lleva litigios relacionados con terrenos del FIBBA, señaló al Juez Xavier Alberto Rivas González por actuar en favor de los intereses del fideicomiso.
Benito Jiménez
Agencia Reforma