VALPARAÍSO. La alcaldesa María Guadalupe Ortiz Robles acusó al síndico Ramón Guadalupe Acuña Escobedo de desatender sus labores, lo que ocasionó varias pérdidas en laudos laborales por guardar los trámites en el cajón y no darles cauce. Además, dijo, se ha negado a signar convenios con el gobierno estatal que permitan traer más beneficios al municipio
Cabe recordar que el 10 de febrero, la LXV (65) Legislatura local dio lectura a un oficio enviado por el síndico, en el cual solicita la intervención de la misma “para que se realice la revocación del acuerdo de Cabildo tomado en la sesión del día 7 de enero, por considerar que de manera ilegal y contraviniendo toda lógica jurídica votaron a favor de retirarle la representación legal del ayuntamiento”.
Respecto a revocarle su representatividad como apoderado legal, Ortiz Robles admitió que sí se llevó un procedimiento en su contra “para que la actividad del municipio no se detenga”.
Lo anterior, recordó, ya que la Ley Orgánica de Valparaíso “es muy clara: cuando se abandona o se niega a tener la representación legal, entonces el Cabildo genera esas decisiones en virtud de ello”. Por otra parte, negó el rumor de que el síndico hubiera sido sustituido, ya que eso es imposible.
Sin embargo, reconoció la alcaldesa, ella tuvo que asumir algunas funciones de dicho cargo porque Acuña Escobedo se niega a afrontar diversidad de asuntos, entre ellos la representación jurídica en varias demandas laborales contra del ayuntamiento.
Dentro de este tema, agregó que el síndico ha cometido faltas graves en las audiencias que sí ha negociado, como ofertar determinadas cantidades económicas sin consultar a la máxima autoridad: el Cabildo.
“Hace negociaciones comprometiendo los recursos del Municipio, para los que por principio debe haber presupuestación; toda negociación debe tener un presupuesto que previamente debe aprobarse y sustentarse”, aseveró.
Por otra parte, detalló que en el pacto para convenios con instancias gubernamentales se cuenta con todo el respaldo del Cabildo, “pero por alguna cuestión personal [el síndico] se niega a realizar esas firmas, incluso a recibir la documentación de la cual se tiene el respaldo pertinente”.
Por ello, María Ortiz sostuvo que “el actuar de ese señor es equiparable a violencia política de género”, por la obstrucción no solo a su trabajo como alcaldesa, “sino al pueblo de Valparaíso, pues se trata de caprichos de darle una mala interpretación a la ley”.
COMPLICA CONTRATACIÓN
La semana pasada el síndico colgó en la puerta de su oficina una cartulina en la que expone: “por indicaciones de la presidenta municipal y la Oficialía Mayor, la oficina de Sindicatura no cuenta con personal en apoyo al señor síndico para llevar a cabo funciones, ofrezco una disculpa, ya que estoy atendiendo asuntos fuera del municipio […] la oficina permanecerá cerrada”.
Al preguntar sobre este asunto, la alcaldesa lamentó el hecho y la falta de seriedad: “[Me] apena mucho el anuncio que puso, parece un anuncio de kermés, es una informalidad. Somos servidores públicos, ¿cómo que en una cartulina?; tan fácil es redactar un documento, con firma y sello que establezca la temporalidad”.
Respecto al señalamiento de que ella y la Oficialía Mayor le retiraron sus colaboradores, Guadalupe Ortiz respondió que se le ha retirado y sustituido personal: “Sí ha habido algún movimiento…, algunos por petición, porque el carácter del señor es un tanto complicado y ha generado mucha incomodidad de la base trabajadora”.
Añadió que Ramón Acuña se ha negado a recibir a los suplentes “y de todo esto hay actas de recursos humanos puesto que se han levantado incidencias; en ningún momento hemos actuado de mala fe, en tener desprotegida esa área tan importante”.
Mencionó además que el síndico es arquitecto, por lo que el Cabildo le ofreció contratar a un abogado con los conocimientos necesarios para atender los asuntos jurídicos; no obstante, también se ha negado. “Él manifiesta no querer nada, están las actas y los audios”.
“NO SE LE NIEGAN VEHÍCULOS”
Luego de que el síndico señaló que le niegan unidades y combustible para realizar sus comisiones, Ortiz Robles aclaró que desde octubre de 2024, cuando inició su administración, él mismo se auto asignó un vehículo Toyota Yaris propiedad del ayuntamiento. “Desde hace año no lo vemos [el carro], no sabemos dónde está”.
Por la desaparición del bien mueble, remarcó que ya se dio parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), ya que físicamente no saben dónde está. “Es un bien propiedad del Municipio y está perdido; se le ha pedido 20 veces que lo devuelva”, agregó.
Por otra parte enfatizó que, conforme a la ley, los colaboradores del Municipio deben regirse bajo registros de salidas a diligencias o comisiones.
“Pero él nunca ha querido hacer un oficio de comisión y así no podemos estar trabajando; ningún servidor público puede estar fuera de ello. Es un desgaste por el actuar del señor, que es equiparable a violencia política de género”, advirtió la presidenta municipal.