La crisis hídrica
Nuestra Constitución establece que son propiedad de la nación las aguas de los mares, las lagunas, esteros, lagos, los ríos y sus afluentes, las corrientes constantes o intermitentes, los manantiales, las aguas que se extraigan de las minas, etcétera.
La explotación, el uso o aprovechamiento de las aguas por los particulares solo puede realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establece la Ley de Aguas Nacionales, expedida por Salinas de Gortari en 1992.
En esa ley se faculta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y sus organismos y consejos de cuenca para otorgar concesiones, pero de acuerdo con el Programa Nacional Hídrico y los programas hídricos de cada cuenca.
Las concesiones se pueden otorgar para uso agrícola, para conservación ecológica, acuicultura, para uso doméstico, industrial, minero, pecuario o urbano. La Conagua establece los volúmenes de extracción, la duración de cada concesión y las denominadas zonas de veda, reglamentadas o de reserva.
La ley establece los derechos y obligaciones de los concesionarios, en qué casos se puede prorrogar, suspender, extinguir o revocar una concesión y las restricciones de uso; uno de esos derechos es el de transmitir la concesión ajustándose a lo dispuesto por la ley.
En octubre, la presidenta Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa de nueva Ley General de Aguas que provocó la protesta de miles de concesionarios, ya que se pretendía eliminar su derecho a transmitir y heredar las concesiones.
El Gobierno tuvo que recular. Era absurdo que una persona que había invertido mucho dinero en perforar y equipar un pozo no pudiera venderlo, donarlo, alquilarlo o heredarlo.
Sin embargo, el tema del agua merece un debate más amplio, sobre todo en estados donde la sequía es el principal problema.
En Zacatecas hay 32 acuíferos, algunos de ellos sumamente sobreexplotados como el de Chupaderos y Aguanaval. La Conagua ha otorgado 25 mil concesiones, 95 por ciento para uso agrícola, 4 por ciento para uso público urbano y 2 por ciento para uso industrial.
La JIAPAZ, por ejemplo, tiene 76 pozos profundos de los que extrae casi 29 millones de metros cúbicos de agua al año para abastecer a los habitantes de Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande; el costo por metro cúbico es de 18.86 pesos
Esos 29 millones de metros cúbicos son insuficientes, por eso el agua solo llega a nuestras casas una o dos veces por semana; y para resolver el problema se está proyectando construir una presa a más de 250 kilómetros de distancia con una capacidad de 70 millones de metros cúbicos (si es que llueve y se llena) y un costo de 9 mil 700 millones de pesos.
Es increíble que nadie le haya dicho a nuestras autoridades que aquí en Calera, a escasos 27 kilómetros, hay una empresa extranjera que tiene una docena de concesiones y con ellas extrae 12 millones de metros cúbicos de agua al año para elaborar cerveza, que es 40 por ciento de lo que extrae la JIAPAZ.
¿No será más fácil, más rápido y más barato quitarle la mitad del agua a la cervecería que construir Milpillas? Traer el agua desde Jiménez del Teul va a ser extremadamente complejo, tardado y caro, y el precio obviamente lo vamos a tener que pagar los consumidores.
No faltará quien diga que la Corona genera 2 mil empleos directos, sí, pero en estos cuatro municipios habitamos 385 mil personas.
Si de verdad la 4T quiere colocar por encima de cualquier interés particular la vida, la salud, los ecosistemas y la seguridad hídrica de las futuras generaciones; si de verdad quiere cerrarle las puertas a la especulación sobre los recursos hídricos, dejando atrás la época que hizo del agua una mercancía; si de verdad consideran el derecho humano al agua como un pilar fundamental para la vida, la salud y el bienestar de toda persona y como obligación del Estado garantizarlo.
Si de verdad ya no quieren permitir la concentración, mercados opacos y sobreexplotación de cuencas y acuíferos; si de verdad quieren enfrentar la crisis hídrica que vive el país por la sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación de los ríos y las fugas de agua potable.
En resumen, si de verdad van a reconocer y proteger al agua como lo que es, un bien público indispensable para la vida, entonces no hay que esperar años a que se construya y se llene la presa Milpillas, limiten ya el agua que extrae la Corona.