En una reunión que duró más de tres horas, 21 colectivos le reprocharon a la gobernadora morenista de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, su inacción para frenar la ola de desapariciones en Guerrero, así como no haber empujado ante el Congreso la aprobación de una Ley de Desaparición de Personas bajo los estándares internacionales.
De acuerdo a la versión de asistentes, entrevistados al salir de la residencia oficial de Casa Guerrero, dijeron a la mandataria estatal que la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición de Personas que aprobaron los diputados locales el pasado jueves 16 de julio no contempla la creación de una Comisión Estatal de Búsqueda que sea independiente y que tenga un presupuesto propio.
Este organismo va a seguir dependiendo de la Secretaría General de Gobierno y del titular del Poder Ejecutivo, reclamaron los colectivos.
«Pese a que varios de nuestros compañeros participaron en la elaboración de esa Ley, el Congreso no envió como quedó finalmente la redacción de la iniciativa y tampoco nos invitaron cuando los diputados la iban aprobar», señaló David Molina, vocero del Colectivo Lupita Rodríguez.
La reunión se desarrolló en la explanada de Casa Guerrero, en medio de fuertes medidas de seguridad. Vallas metálicas alrededor de la residencia impidieron el paso a la gente.
Francisco Rodríguez, el principal operador político de la Gobernadora; la directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Enedina Medrano; el encargado de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), Alejandro García Solorio, y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán, participaron en la reunión.
«Yo le dije a la Gobernadora que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no entrega a tiempo los apoyos a las familias que tienen un desaparecido», dijo Socorro Gil Guzmán, de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia Acapulco.
La madre de Jonathan Romero, quien desapareció en 2018 y cuyos restos fueron recientemente localizados en el Servicio Médico Forense (Semefo), acusó que hay varios casos de familiares que no han recibido el apoyo económico de la Comisión.
«Son tres mil pesos mensuales que no sirven para nada y que ni siquiera los pagan puntualmente o no los entregan», expresó.
En los casi cinco años de Gobierno de la morenista Evelyn Salgado es la tercera vez que recibe a los colectivos de desaparecidos, quienes reprocharon su falta de voluntad para erradicar la crisis forense que se vive en Guerrero, ya que en las unidades de este tipo hay más de 600 cuerpos sin identificar.
«Hay muchas mamás que buscan a sus hijos desaparecidos y se presume que deben de estar en el Semefo, pero no se pueden identificar porque en Guerrero no existe una infraestructura forense», subrayó.
Al final, dijo Socorro, la Mandataria les dijo que les dijo que «todo se iba a solucionar y que nada quedará en palabras bonitas».
Diana Rufino Tapia, integrante del colectivo «Hasta Encontrarles Guerrero», dijo que en la reunión preguntó si el Gobierno sabe con exactitud el número de personas desaparecidas, aunque nadie de los funcionarios le pudo contestar.
«Hay una lista oficial por las carpetas de investigación que tiene la Fiscalía pero hay una cifra negra porque hay mucha gente que tiene un familiar desaparecido que no ha puesto su denuncia por muchas razones: el miedo y la falta de confianza hacia las autoridades», expuso Rufino Tapia en entrevista.
Señaló que, como colectivo, tienen un registro de cuatro mil desaparecidos en Guerrero, datos sustentados con base en las carpetas de investigación.
La activista no descartó que la FGE «oculte» la verdadera cifra de los desaparecidos en Guerrero o que «a propósito pierda las carpetas de investigación» y mencionó que, en comunidades donde se registran desapariciones y asesinatos, no son casos denunciados por los familiares ante la Fiscalía.
Jesús Guerrero
Agencia Reforma