TRAGEDIA Y ABANDONO
Aunque el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, diga que 14 elementos de la Guardia Nacional cuidaban al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la percepción general que se tiene es de abandono al municipio y al primer edil michoacano, quien fue asesinado. Todos sabían que Manzo había pedido apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar al crimen organizado, y no lo pudieron salvar. El alcalde de Fresnillo, Javo Torres, advierte que “un pueblo no cambia para bien por una persona, cambia para mal por unos cuantos”. Y la diputada Isadora Santivañez cuestiona, aunque desconoce si algún alcalde zacatecano está en peligro, que cómo se atreverían a denunciar, ante el miedo que generan este tipo de tragedias.
CRITICAN A PALEROS
Muy pocos morenistas se atrevieron a pronunciarse ante la tragedia. Al presidente del consejo estatal, Rubén Flores, no lo bajaban de palero por seguir la línea de la dirigencia nacional, de que el homicidio del alcalde de Uruapan es usado por la oposición para hacer politiquería. Pero al que le fue todavía peor fue al joven Ricardo Arteaga, pupilo de Luis El Oso Medina y del senador Saúl Monreal. A Ricardito lo tundieron por afirmar que Manzo no se apegó a la estrategia nacional de seguridad y que arriesgar su vida, en una política de confrontación al crimen, fue un hecho irresponsable. Pero sus opiniones, en lugar de lavarle la cara al gobierno de la 4T, generaron todavía más indignación. Esa maroma de Arteaga ni al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, se le hubiera ocurrido.
DELINCUENTE INVESTIGADOR
Otro escándalo mancha al “humanista” gobierno federal de la 4T. Después de que Rubén Ibarra confesó haber sido abusador sexual, fue destituido como rector y luego lo corrieron de la UAZ, en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) no le han hecho nada. Le siguen pagando a Rubén poco más de 20 mil pesos al mes por su distinción de investigador, nivel 1. En la Secretaría de Ciencia saben de los pecados del ex rector, pero hasta el momento no ha ocurrido nada. Se supone que el consejo general, presidido por la secretaria Rosaura Ruiz, podría sancionarlo por conductas carentes de ética, como marca el reglamento del SNII. ¿Lo harán?
¡INHABILITACIÓN!
Recientemente, el secretario de la Función Pública, Ernesto González, tuvo un pequeño y cuestionable “triunfo”. El Tribunal de Justicia Administrativa confirmó la inhabilitación, por solo tres meses, de Rosario Loera, quien por un par de años fue directora de Programas Sociales en la Sedesol, durante el quinquenio de Alejandro Tello. A Chayito se le acusó de abuso de funciones e información falsa, por afirmar que un proveedor había cumplido con la entrega de telas para uniformes escolares. Dicho proveedor no entregó la totalidad ni la calidad de las telas que establecía el contrato de licitación. Quiso dar gato por liebre y Loera le firmó de recibido. La investigación inició cuando Paula Rey dirigía Función Pública. Dicen los venenosos que quedarían expedientes abiertos del caso.
PLAN B, POR SI ACASO
Para no andar rogando como el presidente del IEEZ, Manuel Frausto, y si la gobernanza no les quiere prestar dinero, varios alcaldes traen su plan B. Pretenden conseguir el dinero para cierre de año en la banca privada, aunque pagarían más intereses. Mario Córdova, de Río Grande, ya metió una solicitud por 17 millones de pesos. Solo está esperando una negativa de la gobernanza para irse con ese plan B. Y en las mismas anda el presidente de la capital, Miguel Varela, aunque los venenosos dicen que hasta el momento no se sabe cuánto pedirán para pagar aguinaldos y otros compromisos.