CIUDAD DE MÉXICO. México y el resto de los países enfrentan un tipo emergente de violencia que trasciende los espacios físicos: la violencia digital. Por medio de un comunicado el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) comentó que la reciente manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial en una secundaria de Zacatecas, que vulneró la intimidad de al menos 400 estudiantes, constituye una grave forma de violencia sexual digital con consecuencias psicológicas y sociales profundas.
Este hecho evidencia la urgencia de políticas públicas que integren prevención, atención psicológica, reparación del daño y sanción, además de alfabetización digital y ética tecnológica.
El marco jurídico de Zacatecas, a través del artículo 232 Ter del Código Penal, sanciona la violación a la intimidad sexual, y como se narra en la nota periodística se tendrá que perseguir estos hechos conforme a este delito; sin embargo, es necesario estudiar este fenómeno de la manipulación digital de imágenes sin material original.
Por ello, se propone reformar el Código Penal Federal y los códigos locales para incluir la “violación a la intimidad sexual mediante inteligencia artificial”, con penas agravadas cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes, en cumplimiento de la Constitución y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Frente a los hechos, las instituciones del Estado deben actuar coordinadamente y con debida diligencia. La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes debe garantizar acompañamiento psicológico especializado, representación en coadyuvancia y restitución de derechos.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debe inscribir a las víctimas en el Registro Estatal, brindar acceso al Fondo de Ayuda y acompañamiento integral. La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos debe investigar con perspectiva de infancia, recabando testimonios sin revictimización y coordinándose con la Policía Cibernética para eliminar el material difundido.
El manejo del caso por parte de las autoridades escolares presuntamente incumplió los Lineamientos Generales para la Atención de Casos de Violencia Sexual en Educación Básica de la SEP, al no activar los protocolos correspondientes y eliminar evidencias.
Conforme a dichos lineamientos, las autoridades debieron notificar de inmediato a la Fiscalía correspondiente, a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y, en caso de riesgo inminente, al 911; preservar los dispositivos y el material como evidencia, elaborar un acta de hechos y abstenerse de interrogar o exponer a las víctimas para evitar su revictimización. Asimismo, debieron activar el acompañamiento psicológico y la protección inmediata dentro del entorno escolar.
El incumplimiento de estos procedimientos vulnera el principio del Interés Superior de la Niñez y constituye una posible revictimización. Es necesario investigar la actuación del personal educativo y reforzar su capacitación sobre la aplicación de estos lineamientos y la debida diligencia en casos de violencia digital o sexual.
El caso de Zacatecas debe ser un punto de inflexión para fortalecer la protección digital de las adolescencias. El SIPINNA anunció que en diciembre coordinará un Foro sobre Ciberseguridad y Derechos de la Niñez y la Adolescencia, donde se abordarán la regulación ética de la IA, la tipificación penal de la violencia digital, la detección temprana de riesgos y el tamizaje de salud mental escolar.
También se promoverán campañas de alfabetización digital, protocolos de ciberseguridad y comités escolares de protección digital.
Proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes no es solo una obligación jurídica, sino una responsabilidad moral y colectiva. El Estado debe responder con prevención, justicia y reparación del daño, garantizando entornos educativos y digitales seguros y libres de violencia, finaliza el comunicado.