ZACATECAS. Los 36 trabajadores suspendidos de sus funciones en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) emprendieron ya su defensa legal contra lo que consideraron una “aberración” de la Secretaría de la Función Pública (SFP), al acusarlos a todos de corruptos.
Lamentaron que, sin medir el daño moral, sin seguir el debido trámite administrativo y “lo más grave, sin presentar pruebas contundentes de los posibles actos de corrupción”, la SFP aplicó esta suspensión y dejó a 36 familias sin sustento, ya que les advirtieron que mientras dure el “proceso de investigación” les pagarán solo 30 por ciento de sus salarios.
Los trabajadores afectados, acompañados de abogados y que pidieron reservar sus nombres por las represalias que afirman ya sufren, denunciaron a NTR Medios de Comunicación que la SFP los difama y perjudica ante la sociedad al acusarlos a todos de corruptos.
Advirtieron que el procedimiento correcto era conformar una comisión para la entrega, en todo caso, de las labores, lo que no se realizó.
Esto significa “una evidente violación a todos sus derechos como personas”. Del total de empleados, 20 son hombres y 16 mujeres, entre quienes hay embarazadas, madres jefas de familia y cuidadoras, incluso personas con discapacidad, como la presidenta de la JLCA.
Con esto, recalcaron, están generando violencia de género, por lo que será parte de su actuar en su defensa.
Cuestionan denuncias
Luego del anuncio de Ernesto González Romo, titular de la Función Pública, los trabajadores expresaron: “nos sometieron a todos al escarnio social, metiendo a todos en el mismo nivel de corrupción sin presentar pruebas, incluido el intendente”.
Aseguraron que, de inicio, los hechos por los que los acusan no tienen sustento en pruebas o evidencias que acrediten los supuestos actos de corrupción, más que el dicho de denuncias anónimas de las que no se saben lugares, fechas y personas específicas, que supuestamente estuvieron involucradas.
Sobre los supuestos hechos que generaron la suspensión de la junta, las personas, acompañadas de abogados que buscan resolver sus asuntos, resaltaron que en esta acusación hay situaciones anormales.
Esto, porque se les dijo que hay al menos 23 denuncias de corrupción, pero anónimas y tienen una característica particular: se hicieron en dos días seguidos de junio y tienen además números consecutivos.
“Ellos [la SFP] generalizan a la totalidad del personal, lo que constituye una indebida aplicación de las sanciones al determinar la suspensión laboral generalizada de la JLCA y los descuentos respectivos”.
Con la decisión, las autoridades no pensaron en el daño psicológico, emocional y social que les generaron, además de afectar su economía; “está en juego nuestra buena reputación laboral y social, así como la afección a nuestras familias”.
Advierten persecución
Los denunciantes lamentaron el hecho de que se haya generado un escarnio público, que señalaron como injustificado y del que no se les permitió defensa. Esto, subrayaron, les afecta en lo personal y socialmente, además de que lo sucedido ya escaló a nivel nacional.
Consideraron que se trata de una injusticia maquinada, pues los suspenden cuando hay un proceso en el que la JLCA atiende los asuntos que fueron presentados hasta el 17 de noviembre de 2020, a partir de la reforma que permitirá que ésta se diluya hasta terminar el último asunto, lo que se espera concluya en un aproximado de 20 años.
Las personas afectadas expresaron que con esta campaña de desprestigio se sienten vulnerables, pues lejos de percibir que son respaldados por sus superiores jerárquicos, tienen la sensación de ser perseguidos, y más cuando no les dan una explicación lógica jurídica sobre la medida.
Además, bajo el temor de probables represalias que puedan ejercer contra ellos al determinar defenderse jurídicamente y que se les trate “peor de como ya se hace”, reiteraron que se trata de una violación a sus derechos humanos, de género y el ejercicio contra ellos de una “extrema violencia laboral”.
Presionan y reducen personal
Al mencionar que la mayoría del personal tiene antigüedad laboral hasta de 20 años, informaron que la JLCA podría diluirse con la reforma hasta dentro de otras dos décadas, cuando probablemente se resuelvan todos los casos.
El problema se agrava porque, a partir de 2022, el gobierno comenzó a reducir el número de empleados, llevando hasta ahora 50 por ciento, pues de un aproximado de 70, quedan 36, lo que generó rezago con un aproximado 4 mil 500 expedientes abiertos; además, se redujo de manera considerable el presupuesto para la junta.