En los últimos años, el debate público ha descendido a niveles de agresividad y deshumanización preocupantes. Lo que antes podía ser una discusión ideológica, por intensa que fuera, hoy se transforma con frecuencia en un intercambio de insultos, descalificaciones y lenguaje degradante.
La pregunta que surge es inevitable: ¿Dónde quedaron los límites éticos y sociales a la libertad de expresión cuando ésta se utiliza para deshumanizar al otro? Ejemplos como el del magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego —quien en redes sociales se refirió a mujeres con términos como “perras”, “bruja” y “marrana”— no son casos aislados.
Son reflejo de una tendencia creciente: la validación de discursos que reducen al adversario a una caricatura ofensiva, eliminando cualquier posibilidad de diálogo. Este fenómeno no es exclusivo de un país o sector político.
En distintas latitudes, figuras públicas, medios de comunicación y ciudadanos de a pie caen en la tentación de usar un lenguaje que no solo critica ideas, sino que despoja de humanidad a quienes piensan distinto. Las redes sociales, con su dinámica de inmediatez y viralización, han acelerado este proceso, premiando la provocación por encima de la reflexión.
Uno de los pilares de las democracias occidentales es la libertad de expresión, pero ¿esta libertad incluye el derecho a mentir, a insultar, a incitar al odio?
Cuando un líder político, un empresario o un influencer utiliza términos degradantes, no solo está atacando a un individuo, sino que está enviando un mensaje a sus seguidores: “Está bien tratar así a quienes no piensan como nosotros”.
En teoría, las sociedades libres tienen mecanismos para aislar a quienes abusan de la palabra: el descrédito social, el rechazo mediático y la sanción económica.
Pero ¿realmente funciona así? Hoy vemos cómo figuras polémicas no solo mantienen su influencia, sino que son reforzadas por sectores que celebran su “autenticidad” o su “incorrección política”. Peor aún, el insulto se ha convertido en una estrategia de marketing político. Quien insulta con más crudeza gana titulares, seguidores y, en algunos casos, poder. En este contexto, la mentira y el lenguaje violento no son penalizados, sino recompensados con atención y viralización.
El caso mexicano es particularmente revelador. Aquí, donde la polarización crece y el lenguaje político se vuelve cada vez más soez, deberíamos preguntarnos si nuestra democracia no requiere mecanismos más firmes para contener estos excesos.
No se trata de censurar ideas ni críticas legítimas, sino de establecer consecuencias claras para quienes usan el lenguaje como arma para deshumanizar. Mientras algunos argumentan que “el mercado de las ideas” eventualmente margina a los malos actores, la realidad muestra lo contrario: el insulto vende, la mentira se viraliza, y quienes degradan el debate suelen salir reforzados con más atención y seguidores.
¿Debe México considerar regulaciones más estrictas contra estos abusos? Países como Alemania, con su NetzDG que obliga a plataformas a remover contenido de odio en 24 horas, o Francia, con su sistema de multas por discursos discriminatorios, muestran que es posible equilibrar libertad y responsabilidad.
El desafío está en crear mecanismos que, sin caer en censura, impidan que la esfera pública se convierta en un espacio donde valen más los insultos que los argumentos. Esto requiere no solo leyes mejor diseñadas, sino instituciones capaces de aplicarlas con criterio, evitando tanto la permisividad actual como los riesgos de sobre regulación.
Son fórmulas a las cuales tal vez tengamos que arriesgarnos. En el extremo del liberalismo todavía hay quienes apuestan al “dejar hacer, dejar pasar” y prefieren el riesgo de envenenar la democracia, antes que poner límites a la libertad de expresión. El riesgo es que la democracia muera envenenada pero, paradójicamente, en perfecto estado de salud.
El lenguaje construye realidades. Cuando normalizamos que figuras públicas reduzcan a sus críticos a epítetos deshumanizantes, no solo degradamos el debate erosionamos los cimientos mismos de la convivencia democrática.
La libertad de expresión no debe ser libertad de agresión. Quizá es hora de que México, como sociedad, deje de confiar en que “la gente sabrá distinguir” y empiece a exigir que quienes ocupan espacios de influencia asuman el costo de convertir el disenso en espectáculo de degradación. Porque una sociedad democrática donde el precio de la libertad es la deshumanización del otro, ya está traicionando sus propios valores.