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    Opinión Por Jenny González Arenas

    AD HOC

    17 de julio de 2025No hay comentarios4 Minutos de lectura
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    Infancias

    Mucho se habla de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, de la obligación de proteger a las infancias y de la responsabilidad de los padres, la familia y la sociedad por resguardar sus derechos. Lo cierto es que no se trata solo de hablar del tema, sino de realizar acciones concretas que coadyuven para que esos derechos sean una realidad.

    Se trata de un proceso integral de cuidado y de formación en el que todas las personas deberíamos estar involucradas. El proceso de difusión, protección, respeto y garantía de los derechos de la infancia es, a diferencia de otros derechos, obligación de todos y de todas – Estado y particulares, familia y sociedad-.

    Entre los derechos fundamentales que tienen las niñas y los niños encontramos el de una protección especial, para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres.

    Para que este derecho se haga realidad, todas las personas estamos obligadas a ser parte de ese entorno que proporcione garantías óptimas de crecimiento físico, mental y social.

    Ambientes saludables, condiciones dignas para su desarrollo, entornos socialmente aptos de convivencia, de respeto para las niñas, niños y adolescentes, lo que lleva de la mano el derecho a la no discriminación, que es un tema en el que la sociedad tiene una gran deuda con la infancia, en primer lugar, porque los menores no son tratados sin discriminación en entornos rurales o urbanos, por ejemplo, incluso el mismo Estado genera políticas públicas que fomentan ese trato discriminatorio en cuanto a educación, por mencionar un tema o alimentación.

    En términos muy claros, el Estado, la sociedad y la familia deberán dar condiciones especiales -trato diferenciado- a la infancia en aras de poder garantizar su sano desarrollo, deberán gozar de todas las garantías educativas, alimenticias, de respeto, cuidado de su salud, derecho a jugar y al sano esparcimiento y, en general, todo aquello que requieren para que lleguen a la edad adulta en plenitud.

    Aunque no es tan sencillo como suena, en primer lugar, porque en muchos casos, tanto el entorno familiar como el escolar, son los menos aptos para el desarrollo integral de la infancia, que por mucho esfuerzo que haga el Estado por garantizarlos, el óptimo ejercicio de los derechos será obstaculizado por los entornos más próximos que es el familiar.

    En todo caso, el equilibrio que se debe garantizar para lograr el óptimo desarrollo de la infancia debe involucrar políticas públicas integrales que permitan que los elementos familiares, sociales y estatales confluyan en la protección del interés superior de la infancia, lo que lamentablemente no se ha logrado en nuestro estado.

    Podemos ver con preocupación cómo se desatienden problemáticas básicas de educación como la participación de la infancia en competencias académicas o deportivas.

    También vemos cómo se desatienden necesidades elementales en escuelas rurales o cómo se colocan los intereses de las personas adultas por encima del interés superior de la infancia, a partir del rol que juegan los adultos sin tomar en cuenta el impacto negativo que esas acciones tendrán en el desarrollo de la infancia.

    El decir, cosas como “si no participa hoy en su competencia no importa, está pequeño, tendrá otras oportunidades” envía un mensaje que impactará en el desarrollo de ese niño o esa niña, se menosprecia su capacidad y se minimizan sus derechos.

    O frases como “esta chiquito, no sabe lo que dice” o “no dice la verdad” o “se le olvidará con el tiempo, ya crecerá” también son frases que estigmatizan el desarrollo de la infancia y minimizan los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.

    Todas y todos somos responsables del cuidado y desarrollo de la infancia, debemos apoyarlos, respetarlos, ayudarles a ejercer de manera plena sus derechos, sin diferencias ni discriminación y tratándolos como personas que son.

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