ZACATECAS. Durante la conferencia dirigida a los integrantes de la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales, Julieta del Río, especialista en transparencia y protección de datos personales, advirtió sobre los serios retos que implica la implementación de la nueva Ley General de Transparencia.
Señaló que las reformas aumentan las cargas institucionales sin garantizar los recursos necesarios ni la claridad normativa correspondiente, lo que podría traducirse en una afectación directa a los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
Como ejemplo, mencionó que hace un par de días, el Instituto Nacional Electoral (INE), como autoridad garante, anunció que, por falta de capacidad técnica y de recursos humanos, amplió por 90 días más el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia sobre los partidos políticos.
“Esto significa que todos los recursos que estuvieron detenidos con la transición del INAI a Transparencia para el Pueblo y la designación de las nuevas autoridades garantes, entre ellas este Instituto, sumarán 90 días más para poder contestar a los ciudadanos sus recursos” explicó.
Al impartir la conferencia, Julieta del Río detalló de forma detallada cuáles serán sus nuevas funciones como autoridades garantes y los retos operativos y normativos a los cuales se van a enfrentar, sobre todo viendo lo que está pasando a nivel nacional, como el caso del INE.
En su exposición, Del Río destacó que, tras las reformas a la Ley General de Transparencia aprobadas el pasado 20 de marzo, con la desaparición del INAI y la conversión de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como del INE, en autoridades garantes, ahora éstos se encargarán de sus propios sujetos obligados, que son los partidos políticos, y, a través de los órganos internos de control, resolverán los recursos de revisión que se interpongan contra estos en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
“Este nuevo modelo exige a los OIC actuar con independencia, rigor técnico y compromiso ético, porque serán responsables de garantizar el acceso a la información, vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y sancionar el incumplimiento, incluso en el ámbito de los partidos políticos”, afirmó.
Asimismo, expuso que la implementación de la ley implica una actualización de las estructuras de los OIC, tanto a nivel federal como en las entidades, asumiendo un rol dual, por un lado, supervisar el uso de recursos públicos con apego a la legalidad y, por otro, proteger el derecho ciudadano a saber y a que sus datos personales estén resguardados.
“Preocupa que, sin la capacidad, experiencia ni recursos adecuados, resulte casi imposible atender eficazmente las quejas ciudadanas por negativas de información o vulneración de datos personales por parte de los partidos políticos que, como sujetos obligados, dependerán directamente de ellos”, enfatizó Del Río.
Durante el encuentro, Julieta del Río también presentó su libro “Luz en la Sombra. Mi camino por la transparencia y el INAI”, una obra testimonial en la que comparte su experiencia de más de dos décadas en la materia, sus retos personales y profesionales, así como reflexiones sobre el presente y futuro del derecho de acceso a la información en México.
“La transparencia no puede verse como una carga administrativa, sino como un valor democrático esencial para la confianza ciudadana. Hoy, más que nunca, quienes integran los Órganos Internos de Control tienen la oportunidad y la responsabilidad de ser luz en medio de la opacidad”, subrayó.
Asistieron de manera virtual 128 miembros de la ANCCIEM, quienes reconocieron la trayectoria de Del Río Venegas y celebraron la conferencia, la cual servirá para enfrentar los desafíos que implican las recientes reformas legales, especialmente en un contexto de transformaciones institucionales y exigencias crecientes de rendición de cuentas.
