CIUDAD DE MÉXICO. La presidenta Claudia Sheinbaum negó ayer que su administración busque imponer un «Estado Espía» y aseguró que las intervenciones de la privacidad solo serán autorizadas por órdenes judiciales.
Sin embargo, especialistas y organizaciones advirtieron que la nueva generación de jueces, que fue electa por voto popular el pasado 1 de junio y que asumirá funciones el 1 de septiembre, podría responder a intereses gubernamentales.
La presidenta dijo en conferencia que es mentira que su administración busque espiar a opositores.
«Una intervención telefónica solamente la puede aprobar un Juez por Constitución y por leyes. En ningún momento se está espiando a nadie. Que quede claro eso. ¿Para qué es el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación? Para tener una plataforma única de información», aseguró.
Para José Antonio Caballero, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, las reformas aprobadas por el Congreso dejan a los ciudadanos ante un Estado vigilante y sin controles en sus nuevas atribuciones de inteligencia e investigación de delitos.
«Habrá jueces que harán bien su trabajo y jueces que ni siquiera tengan capacidad para poder hacerlo. En materia de control constitucional vamos a tener importantes dudas hasta no ver operar a esta nueva generación de juzgadores electos popularmente.
«En el día a día, jueces penales podrán obsequiar o no este tipo de órdenes de escuchas telefónicas o de intervenciones a la privacidad de las personas, la única ventaja es que si la policía quiere escuchar a una persona tendrá que pedir la autorización al MP y éste a un juez. Por más laxo que sea el control, ese documento ya pasó por tres oficinas», consideró Caballero.
Carlos Mendoza, experto en Seguridad Pública, urgió a las autoridades a implementar candados para garantizar que las solicitudes de intervención no sean resueltas por jueces a modo.
«La reforma judicial fue una reforma muy desaseada, muy desafortunada, y representa un riesgo, pero también en todas las otras dimensiones de orden jurídico que no le dan garantías a los ciudadanos.
«Tendrían que establecerse candados y otro tipo de mecanismos para recuperar la confianza ciudadana, porque de otra manera, en efecto, las consignas de orden electoral con jueces a modo podrían verse materializadas de la noche a la mañana y eso vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos», destacó Mendoza.
La organización Artículo 19 advirtió, en un comunicado, que los recientes cambios a leyes en materia de Seguridad, Telecomunicaciones y Guardia Nacional configuran un sistema de vigilancia intrusivo, que va en contra de los derechos ciudadanos.
Reconoció que si bien se exige control judicial para intervenir comunicaciones privadas, no se explicita el mismo estándar para la geolocalización en tiempo real o el acceso a datos conservados de las ubicaciones de los usuarios.
«Una redacción tan ambigua deja abierta la puerta para ingresos arbitrarios por parte de distintos funcionarios públicos», alertó la agrupación.
ASÍ LO DIJERON
«Una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución y por leyes. En ningún momento se está espiando a nadie»
Claudia Sheinbaum, Presidenta.
«Jueces penales podrán obsequiar o no este tipo de órdenes de intervenciones a la privacidad, y vamos a tener importantes dudas hasta no ver cómo operan estos jueces electos popularmente»
José Antonio Caballero, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
«Las consignas de orden electoral con jueces a modo podrían verse materializadas de la noche a la mañana, y eso vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos»
Carlos Mendoza, experto en seguridad.