ZACATECAS. Organizaciones sociales y colectivos feministas presentaron una denuncia ante el Ministerio
Público Federal y la Fiscalía de Delitos Electorales por el uso programas sociales, estatales y federales por parte de los Servidores de la Nación para coacción del voto en la elección judicial de este domingo.
Representantes de los frentes Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) y Social Por la Soberanía Popular (FSPP), así como la coordinadora Zacatecana de Lucha Social, la coordinación feminista Olympia de Gouges y la Red Plural de Mujeres expresaron su preocupación por estos actos que observaron durante la campaña de la elección judicial y previo a las votaciones del 1 de junio.
José Santos Cervantes, representante del FPLZ, expuso que desde mayo lograron documentar acciones sistemáticas de coacción del voto, además del uso indebido de programas sociales y operación electoral por parte de dependencias de los gobiernos estatal y federal, ejercidos principalmente por Servidores de la Nación.
En la capital, Guadalupe, Fresnillo y Sombrerete, explicaron, beneficiarios de programas sociales “han sido presionados para entregar listas de al menos 10 votantes”, en las que pidieron datos personales como: nombre completo, dirección, clave de elector y copia de credenciales para votar.
Queja por acordeones
Denunciaron que desde el 28 de mayo servidores públicos, federales y estatales, distribuyeron en domicilios una serie de “guías electorales o acordeones”, en las que dicen a los beneficiarios de programas de forma explícita por quién votar para cada cargo judicial (ministros, magistrados, jueces)”.
Los representantes de las organizaciones sociales y colectivos feministas acusaron que “las guías han sido entregadas en violación clara de la ley electoral y bajo amenazas o condiciones laborales impuestas a trabajadores del programa Salud casa por casa”.
María Elena Ortega Cortés declaró que ante la posibilidad de la coacción del voto durante el domingo, las organizaciones solicitaron a la Fiscalía General de la Republica (FGR), a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, para que tome medidas urgentes como: resguardar los vehículos oficiales de la Secretaría del Bienestar desde el 30 de mayo y hasta el 2 de junio, así como la suspensión de trabajo en campo de Servidores de la Nación.
También solicitaron a los gobiernos estatal y federal un pronunciamiento en el que se garantice que los trabajadores públicos no serán obligados a realizar actividades proselitistas.
Informaron que han circulado guías informativas elaboradas por organizaciones ciudadanas sin vínculos gubernamentales, como una herramienta legítima anta la complejidad de la elección, pero éstas tienen el propósito de orientar a los votantes por la falta de información y sepan quiénes son “los candidatos del pueblo o los propuestos por el Poder Ejecutivo”.
