CIUDAD DE MÉXICO. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), acusó a jueces de cambiar las medidas cautelares para que más de 100 presuntos delincuentes salgan de prisión.
En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Secretario de Seguridad señaló que los cambios de medidas cautelares han significado que los presuntos delincuentes regresen a las calles, a pesar de sus procesos por delitos de alto impacto.
«Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles», dijo.
García Harfuch expuso al juez Enrique Hernández Miranda, de Sonora, quien ha realizado 58 resoluciones que han permitido egresos de personas privadas de la libertad vinculadas con delitos de altos impacto; así como a Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones.
«Entre los 18 juzgadores que han favorecido con 27 traslados destaca Silvestre Peña Crespo con 5 resoluciones de traslado entre ceferesos a personas privadas de la libertad vinculadas a delitos de alto impacto; de los 42 juzgadores que han favorecido con 164 egresos por cambio de medida cautelar, encabeza la lista Enrique Hernández Miranda, de Sonora, con 58 resoluciones, y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones», exhibió.
«De octubre de 2024 a abril de 2025 fueron liberadas 26 personas que pertenecían a diferentes organizaciones criminales como Cártel de Sinaloa, del Golfo, Jalisco, la Familia Michoacana, Zetas, ‘Los Rojos’, etcétera».
Asimismo, García Harfuch lamentó que entre 2024 y 2025 se haya registrado un «alarmante» número de resoluciones judiciales que han favorecido a presuntos delincuentes.
«Tenemos un reporte sobre jueces que han favorecido a presuntos delincuentes, en el periodo comprendido entre 2024 y lo que va de 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales, que lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecida a quienes las agreden», expreso.
El secretario apuntó que han habido 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios, sin que se cumplieran con las formalidades del proceso, a pesar de que la dependencia consideró como no viables los traslados, ya que se trataban de personas en reclusión de delitos de alto impacto.
«Prevención y Reinserción Social de la propia Secretaría consideró no viables los traslados, ya que dichas personas se encuentran en reclusión por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como delitos diversos de alto impacto, por ello, en su mayoría estos sujetos requerían de medidas de seguridad específicas que no fueron tomadas en cuenta para sus traslados de mínima seguridad», ahondó.