ZACATECAS. La orden de aprehensión contra Julio César “N” se puede ejecutar; “sin embargo, lo que tiene que ver con su libertad no está en manos de un juez penal, sino de la jueza de distrito”, informó el abogado defensor del ex alcalde de Guadalupe, Darío Gamón Rodríguez.
Explicó que esta disposición fue una forma de conceder la suspensión definitiva que se obtuvo, aunque advirtió que estarán trabajando en un recurso de revisión.
“Definitivamente es positivo [que se haya dado la suspensión], pero no son los efectos que se solicitaron ni los que de acuerdo a nosotros proceden en este tipo de asuntos”, expuso el abogado.
Mencionó que la jueza de distrito solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informar si había una orden de aprehensión, y se recibió una respuesta positiva. Pero “al hacer el mismo requerimiento de información al juzgado de control, éste no contestó, lo cual resulta poco común y llama la atención”.
SIN OTORGAR, CARPETA DE INVESTIGACIÓN
Gamón Rodríguez reiteró que la suspensión otorgada “implica que la libertad de Julio “N” lo resuelve la jueza de distrito; y en cuanto al procedimiento penal, quien se puede pronunciar es el juez de control”.
Explicó que siempre que se solicita amparo contra una orden de aprehensión, el efecto es que si se trata de un delito que no tiene señalada la prisión preventiva oficiosa, la aprehensión no se lleva a cabo. Aunque no detalló lo que implica para sus clientes.
Advirtió que una vez que se conozca la carpeta de investigación, se trabajará en una estrategia, pues “nuestra función en ese procedimiento es tratar de demostrar que Julio “N” y María de Jesús “N” no tuvieron participación en los hechos que se les atribuyen”.
El abogado criticó que hasta el momento esa carpeta sigue teniendo carácter de confidencial.
Insistió en que la defensa ya debe tener acceso a ese expediente porque “ya se llevaron diversos actos de molestia en contra de Julio y de María de Jesús, que son, por ejemplo en el caso de Julio, el desafuero; y en el caso de ambos, el tema de los cateos”.
Señaló que lo único que se reclama son garantías de igualdad “para poder hacer frente a una acusación de esa magnitud”.
Finalmente, comentó que sus clientes, quienes enfrentan acusaciones por el homicidio del abogado Raúl Calderón, siguen en territorio zacatecano. “Quienes han señalado haberlos visto en otros lugares, luego se disculpan”, expresó.