FRESNILLO. Por nuevos conceptos de pago, el diputado local Martín Álvarez Casio ampliará la denuncia que interpuso a finales de enero de este año ante la FGJE en contra del gobierno local y la empresa Grupo Piña CO SA. de CV, por presunta corrupción y faltas administrativas graves.
El legislador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló que en cuatro meses el Municipio destinó más de 8.5 millones de pesos por servicios menores o rutinarios a la empresa de Mauricio Jiménez Bravo Piña, hermano de Víctor Manuel, actual coordinador de Asesores del Ayuntamiento de Fresnillo.
“El gobierno municipal podrá justificarlo como quiera, pero me parece un exceso y un abuso. Lo más indignante es que mientras a la ciudadanía se le niegan apoyos, para los amigos del gobierno sí hay recursos”, expuso.
Reconoció que el caso despertó interés en los fresnillenses debido a la gravedad de las acusaciones, ya que de septiembre a noviembre de 2024 detectaron pagos por cerca de medio millón de pesos a Grupo Piña CO S.A. de C.V.
El morenista destacó que este monto fue al inicio de la investigación, pues al volver a recopilar información del ayuntamiento se percataron que también se realizaron pagos este año.
“Nos quedamos cortos. En ese momento denunciamos pagos hasta noviembre del año pasado, pero ahora tenemos datos de facturas que abarcan también enero y febrero de 2025”, señaló.
SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN
Álvarez Casio también denunció que el ayuntamiento no tiene esta información como pública, pues “no aparece en las páginas de transparencia del Municipio. Para obtenerla tuvimos que insistir, hacer múltiples solicitudes”.
Por lo anterior, presentará nuevas pruebas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Órgano Interno de Control (OIC) del gobierno local para que sean fiscalizados.
También adelantó que solicitará la intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para investigar la adquisición de un vehículo valuado en más de 2 millones 500 mil pesos y que presuntamente fue entregado al alcalde Javier Torres Rodríguez por un proveedor municipal a cambio de contratos.
Reiteró que él no es una autoridad investigadora, pero su deber como diputado y miembro de la Comisión de Vigilancia es alertar sobre posibles irregularidades y exigir que se investigue a fondo.
Martín Álvarez señaló que el equipo del edil ha intentado deslegitimar sus denuncias mediante una campaña mediática, en la que promueven un juicio político en su contra por revelar estos actos.
“La reacción visceral del alcalde y sus funcionarios se entiende mejor ahora que sabemos la magnitud de los recursos involucrados.
“El hecho de que los pagos a la empresa se detuvieran justo después de nuestras denuncias también debe ser tomado en cuenta por las autoridades”, resaltó.
FALTA DE APOYOS
El diputado local mencionó que ha recibido varias denuncias ciudadanas por la falta de apoyos por parte del ayuntamiento, pese a que las personas acuden a realizar la gestión.
Puntualizó que diariamente recibe solicitudes de pobladores que les negaron recursos para transporte y patrocinios, por mencionar algunos.
En cuanto al nuevo cobro de empadronamiento a comercios, el legislador señaló que es un tema que ya se le expuso a la ASE, ya que la Ley de Ingresos del Municipio no contempla este concepto.
Aunque prefirió no emitir un juicio definitivo sin contar con todos los elementos legales, aseguró que de comprobarse una afectación a los comerciantes, se procederá en contra del gobierno local.
