ZACATECAS. Estela Cárdenas Vargas, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Zacatecas, consideró necesario revisar con los diputados locales la pertinencia de adecuar la Ley de Monumentos Coloniales a la situación actual, a fin de garantizar un “trato parejo” entre los comercios locales y las franquicias del Centro Histórico.
Así lo expuso, a propósito del caso de un establecimiento del primer cuadro de la ciudad, al cual el ayuntamiento capitalino le exigió cambiar su nombre por estar escrito en otro idioma que no es el español.
Al respecto, destacó que las autoridades locales mostraron cómo mientras con algunos establecimientos se aplican con rigurosidad las especificaciones de publicidad y nombre, con otros existe más permisividad.
“Esto es anticonstitucional, la ley debe de aplicarse igual para todo mundo”, puntualizó.
Aunado a ello, agregó que recientemente un establecimiento tuvo que cambiar su nombre, Ristorante, por ser una palabra italiana. La exigencia, emitida por la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, tuvo que ser acatada para evitar una clausura o multa.
Ante ello, insistió en la urgencia de actualizar dicha ley: “Proteger el centro y que siga siendo patrimonio es indispensable, pero también creo que hay que ver de qué manera podemos acomodar la ley y ser parejos”, enfatizó.
INSTANCIAS ENCARGADAS
Cárdenas Vargas detalló que los lineamientos los establece la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas desde 1987; después, en 1994, con el nombramiento del Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad, se determinó la tipografía, color y medidas que se deben usar en los negocios de la zona.
En tanto, la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas es la encargada de emitir recomendaciones y supervisiones en caso de que se incumplan los requisitos en nombres y publicidad de los negocios.
“El ayuntamiento es el ejecutor, pero el que visita los locales o los negocios es la oficina de monumentos coloniales”, puntualizó.
Al respecto, precisó que para que se emitan notificaciones o exigencias de cambio de nombre y publicidad se debe seguir un proceso legal; y en caso de que el propietario haga caso omiso, se procede a clausurar o cambiar los rótulos.