Quisieron perpetuar la corrupción
Una justicia sin impunidad. Siempre me ha llamado la atención que no sucediera nada parecido a los crímenes de jueces en Italia por la Cosa Nostra y tuviéramos un crecimiento del crimen organizado.
Cuando en Italia el verdadero Estado de Derecho le llegó al Estado italiano, el tiempo de detener la ola de criminalidad de la delincuencia (principalmente por los flujos de recursos financieros por la actividad de venta de drogas) y que, al contrario a lo que sucede con los actuales magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México (con sus excepciones), dos jueces palermitanos, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, murieron combatiendo a la mafia siciliana. Fueron asesinados el 23 de mayo y el 19 de julio de 1992, respectivamente.
Todo empezó con el “Macrojuicio”, que duró alrededor de año y medio, de 1986 a 1987, enjuiciando a 474 mafiosos, de los cuales, 360 fueron encontrados culpables y condenados a un total de 2 mil 665 años de cárcel.
Los asesinatos de los jueces italianos fueron dos más de una larguísima lista. Estos jueces simbolizaban en esa época a la guerra legal que había contra la mafia en Italia. La lucha implicó a varios países del mundo, pues seguía también las redes y rutas del narcotráfico internacional.
En México es irrisorio que los panistas y su ex presidente espurio no supieran del angelito narco secretario de seguridad Genaro García Luna, que el narco presidente ni cuenta se dio, cuando Gerardo Fernández Noroña lo denunció frente a frente en la tribuna legislativa y lo acusó de lo mismo que las autoridades judiciales gringas.
¿Qué hubiera pasado si con esos mismos expedientes judiciales se le hubiera dictado auto de formal prisión en México?
Uno, los panistas dirían: “es persecución política”.
Dos, los juececitos de la SCJN lo liberarían de inmediato. Cómo confiar en esa SCJN si vemos que un secuaz de Genaro García Luna, un tal Márquez Blas, que fue su director general de Planeación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, trabajaba con la deshonesta ministra Norma Piña, fue detenido recientemente señalado por haber realizado tocamientos a una subordinada, lo que se considera abuso sexual en su lugar de trabajo.
Hay investigaciones que ahora, pienso, no son del todo creíbles al señalar que el Poder Judicial se había convertido en el “baluarte de la democracia en América Latina”. Al servir de contrapeso al poder político.
El caso Lula Da Silva, donde un juez lo condenó a nueve años de prisión por presunta participación en dos casos de corrupción.
Un tribunal extendió la pena a 12 años, impidiéndole participar en los comicios presidenciales de 2018. En 2021 el Tribunal Supremo anuló la sentencia por parcialidad del magistrado del caso.
El Comité de Derechos Humanos señaló que, si bien el Tribunal Supremo Federal anuló la condena y el encarcelamiento de Lula en 2021, “estas decisiones no fueron lo suficientemente oportunas ni efectivas para evitar o reparar las violaciones”.
De qué se trataba, de impedir que Lula participara en las elecciones apoyados por los jueces brasileños de mano de la derecha.
Los jueces, cuando no cumplen con juicio a delincuentes, apoyan de forma cínica a la derecha a no cumplir sus obligaciones fiscales.
Lo cómico es que suba a la tribuna la esposa del asociado al narco, Felipe Calderón, defendiendo a esos jueces que han dejado en libertad a decenas de delincuentes, que a ella misma y a su familia se les considera asociados al crimen de 49 infantes de la guardería ABC en Hermosillo Sonora.
La ciudadanía o pueblo tomó con su decisión en las urnas políticas que queremos que cambien, una de ellas el transformar al deshonesto poder judicial. Lo gracioso es que estos prianistas tienen a auténticos violadores de la ley en sus filas, que esperamos, que las acusaciones que pesan sobre ellos sean atendidas por el poder judicial que entrará en funciones en 2025.
Mientras, gocen de su fuero.
Para los expertos, la conducta y otros actos públicos del ex juez Moro, sus asociados, al igual que los fiscales, violaron el derecho de Lula, a ser juzgado por un tribunal imparcial, también violando el derecho del exmandatario a la presunción de inocencia.
Lo hemos percibido. A la presidenta no se le engaña. Hemos venido constatando que la criminalidad en Zacatecas ha disminuido, un poco por la colaboración del gobierno estatal, pero más por el gran apoyo de las instituciones de seguridad nacional, aunado a los programas sociales.
Requerimos un auténtico análisis ambiental de la presa Milpillas, que seguimos pensando que era un negocio de Miguel Alonso, esperemos que haya soluciones ambientales para rescatar cuencas hidrológicas.