ZACATECAS. Ante el inminente regreso a clases, y para evitar abusos y aumentos injustificados que dañen la economía de las familias, la senadora Geovanna Bañuelos solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a fortalecer las acciones de vigilancia en comercios donde se lleva a cabo la venta de útiles escolares.
Mediante un punto de acuerdo pide además dar atención inmediata a las denuncias por abusos o hechos que lesionen los derechos del consumidor por parte de algún proveedor de bienes y servicios, así como mantener un diálogo abierto con escuelas particulares de México a fin de evitar abusos en la venta de material escolar y uniformes para el ciclo escolar 2024-2025.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) solicita además a Profeco fortalecer la difusión, a través de medios de comunicación masiva y por medio de las redes sociales, para informar a los consumidores sobre las acciones que pueden realizar para el ahorro en la compra de útiles escolares para este inicio del ciclo escolar 2024-2025.
Geovanna Bañuelos, recordó que el próximo lunes 26 de agosto dará inicio el ciclo escolar 2020-2024 y la Secretaría de Educación Pública dio a conocer la lista de útiles escolares necesario para educación preescolar, primaria y secundaria, con el objetivo de que las madres y padres de familia puedan realizar sus compras y no gastar excesivamente.
En este sentido, dijo, el costo de la lista de útiles escolares varía según diversos factores, como el lugar, la marca de los útiles y el tipo de comercio donde se adquieran.
Algunos medios de comunicación han estimado que el gasto promedio por hogar durante el inicio del ciclo oscila entre mil 500 y 2 mil 400 pesos, mientras que otros indican montos mucho mayores entre los 5 mil 500 hasta los 7 mil 500 pesos por estudiante.
“En el marco de esta temporada de alto consumo, el gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, debe velar por los derechos e intereses de los consumidores”, aseveró Geovanna Bañuelos.
Por ello, enfatizó en la necesidad de la vigilancia permanente e informar a los padres de familia sobre los derechos que les asisten y cómo pueden hacerlos efectivos en caso de que vean vulnerados sus derechos por parte de proveedores de bienes y servicios en la venta de útiles escolares.
El punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para su análisis y posterior dictamen.