CIUDAD DE MÉXICO. Tras más de cuatro años de juicio, el General José Antonio Ramos Arévalo, ex director de Servicios Aéreos de la extinta PGR, fue absuelto por una jueza de una acusación por parte de la FGR.
LOS DRONES
El ex director de PGR fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de comprar aviones no tripulados y drones con sobrecosto y sin justificar la adquisición por 41 millones 423 mil 600 dólares.
A través de dos contratos de 2013 y 2015, Ramos Arévalo generó la compra de cuatro aeronaves no tripuladas y tres drones por 614 millones de pesos, pero no justificó supuestos de urgencia, riesgo y confidencialidad que establece la ley.
Los equipos fueron vendidos en ambos contratos por Balam Seguridad Privada S.A. de C.V, intermediaria en México del software espía Pegasus.
En el contrato del 2013, se estipuló la adquisición de dos aviones no tripulados Dominator XP, con sistema de detección de cámaras y tres kits de drones RQ-170 Sentinel de largo alcance, con cámara de día e infrarrojo.
En el otro contrato, de diciembre de 2015, se compraron las dos aeronaves no tripuladas Aerostar, con sistema de detección de cámaras y sistema de control de tierra.
UN HELICÓPTERO ‘INFLADO’
Además de drones y aeronaves no tripuladas, Ramos Arévalo fue señalado de falsificación agravada de documento por presuntamente asentar hechos falsos en dictamen para exceptuar la licitación en la compra de un helicóptero Eurocopter EC-145.
En la compra, que fue para el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, se señaló que el precio de mercado era de 7.6 millones de dólares, lo cual significó un sobrecosto de 2 millones de dólares.
La FGR aseguró que tanto Ramos Arévalo, como Gustavo Armando Kanan Brito, ex director de Recursos Materiales, omitieron atender necesidades reales de la PGR y que la aeronave adquirida es de lujo.
LA JUEZA
Apenas este 6 de agosto de 2024, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, informó que la FGR procederá penalmente contra la jueza Alejandra Domínguez por absolver al General Ramos Arévalo de los señalamientos por la compra de drones y aeronaves no tripuladas.