La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) removió a dos funcionarios, de nivel titular y directivo de la Dirección General de Servicios Periciales (DGSP), e inició una causa penal y otra administrativa tras la denuncia que realizó la buscadora Virginia de la Cruz López.
Lo anterior para esclarecer los hechos y el motivo que generó el retardo de la entrega del cuerpo de su hijo José, de 21 años, luego de que permaneciera ocho meses en el Servicio Médico Forense (Semefo) y no notificaran a la madre sino hasta el 4 de julio de este año.
“Es una situación que no vamos a tolerar, iremos más allá. Desde luego ya se actuó, vendrán cambios, ya estaban planteados. Esto los acelera y habrá movimientos, todos estos ajustes serán en beneficio de la sociedad”, señaló el fiscal del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya.
En cuanto a las posibles sanciones que recibirán los presuntos responsables, explicó que “esto lo tendrá que determinar la autoridad sancionadora, que es el Órgano Interno de Control (OIC), y asimismo hay una carpeta de investigación abierta contra cualquier hecho constitutivo de delito”.
PRIMERA INVESTIGACIÓN
Camacho Osnaya reservó el nombre de quienes podrían estar involucrados en la causa penal para no afectar la investigación correspondiente.
Sin embargo, se informó que el proceso está enfocado con respecto a la integración de la carpeta por el homicidio de José, “ya que en ella se tenía que lograr la identificación, reconocimiento y entrega de la víctima a sus familiares, lo que no aconteció de manera inmediata”.
A través de un comunicado, la FGJE detalló que la carpeta del caso inició el 9 de diciembre de 2023, cuando Virginia de la Cruz presentó la denuncia porque su hijo estaba desaparecido y el último día que tuvo contacto con él fue el 23 de noviembre.
“No es ninguna excusa, ni será un pretexto. Estamos asumiendo la responsabilidad de lo que fallaron los compañeros de la institución, eso es lo que estamos investigando”, aseguró el fiscal, pues también obra en registros que el cuerpo del joven ingresó a las instalaciones de servicios periciales desde el 30 de noviembre.
INDAGACIONES ADMINISTRATIVAS
Actualmente, también se cuenta con una investigación abierta en materia administrativa ante el OIC, por las irregularidades en el actuar de los servidores públicos que afectaran su función, así como en la manera de conducirse hacia las personas que acuden a la FGJE.
El hecho de que el cuerpo de José estuviera en los servicios periciales días antes de que se presentara la denuncia “refleja una falta de coordinación y comunicación entre las unidades involucradas y, desde luego, una falta de supervisión y diligencia de mandos y funcionarios responsables”, aseguró.
La fiscalía reconoció esta situación como grave y lastimosa para las víctimas indirectas y para la sociedad, por lo que se removió a los directivos y se estableció el compromiso de que este no se tomará como un caso aislado.