MADRID. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha promulgado este martes la ley para las elecciones judiciales en el país, que ha sido aprobada en la Asamblea Legislativa, y cuya demora ha causado tensiones políticas y manifestaciones por parte de la sociedad civil.
«Hoy en Casa Grande del Pueblo promulgamos la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024. El único camino que viabiliza y tranquiliza a todos los bolivianos es volver a la constitucionalidad y la constitucionalidad nos dice que el único camino son las elecciones judiciales, no hay más camino», ha declarado.
Esta medida abre el paso a la convocatoria y preselección de candidatos judiciales, que priorizará la meritocracia de los candidatos en un proceso que debe culminar en un plazo máximo de 230 días con nuevos jueces. Tras haber sido promulgada, la ley vuelve al Poder Legislativo, donde se realizará la elección de las nuevas autoridades judiciales.
Arce ha remarcado que «los bloqueos (en las carreteras por parte de simpatizantes del expresidente Evo Morales) fueron innecesarios, pero el pueblo es sabio y el pueblo dará su veredicto, mañana»: «No por culpa de la ambición de unos cuantos se tiene que castigar a la economía de un país», ha manifestado, en referencia a protestas que ha dejado ocho muertos y pérdidas que rondan los mil millones de dólares estadounidenses (930 millones de euros).
Morales ha agradecido la «lucha y sacrificio de los movimientos sociales, bajo el liderazgo del movimiento indígena y a la unidad del pueblo boliviano». «Se ha podido dar un paso más en la aprobación de la convocatoria a las elecciones del Órgano Judicial, de otra manera no hubiera sido posible. Falta aún que los magistrados truchos e ilegales se vayan a sus casas», ha agregado.
El Gobierno de Bolivia anunció a finales de enero un «gran diálogo nacional» para consensuar las elecciones judiciales con «urgencia y lo más pronto posible», después de que la relatora de la ONU para la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresara su preocupación por el retraso en el proceso de elección de las máximas autoridades judiciales de Bolivia, remarcando que la ausencia de acuerdos políticos ha provocado la caducidad de los mandatos de los máximos tribunales, amenazando la independencia e imparcialidad de la justicia.
El mandato de las altas autoridades judiciales elegidas en 2018 finalizó el 31 de diciembre de 2023, sin que se celebraran nuevas elecciones judiciales. A finales de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió extender el mandato de las autoridades del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional «de manera excepcional y temporal, hasta tanto sean elegidas e instaladas las nuevas autoridades».
Cortesía Europa Press
Agencia Reforma