CDMX. El Tribunal Electoral ordenó al Congreso de la Unión legislar para garantizar la paridad de género en la Presidencia de la República a partir del 2030.
De lo contrario, advirtió, el INE tendrá facultades para emitir lineamientos que garanticen dicha disposición.
Una ciudadana de nombre Bertina Liborio Montes promovió un juicio para la protección para los derechos políticos electorales contra la omisión del INE y del Congreso para regular la paridad en el máximo cargo de elección.
El magistrado Felipe Fuentes proponía inexistente dicha omisión, sin embargo, sus cuatro compañeros consideraron que sí debía regularse.
Cuatro de los cinco magistrados afirmaron que la Constitución obliga al Congreso a legislar la paridad en todo, por lo que ningún cargo debe ser excluido.
«Sí existe en el texto constitucional un mandato expreso que obliga al Legislativo federal a dotar de un contenido específico el derecho humano de las mujeres a ser votadas en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, incluido el de la Presidencia de la República.
«Para esto cuenta el Congreso de la Unión con plenas atribuciones para determinar de qué forma podrá garantizarse ese derecho. Si estas reglas no son debida y oportunamente establecidas por el Congreso, le corresponde al Instituto Nacional Electoral garantizar su efectividad mediante instrumentos específicos, transitorios y provisionales», dijo la magistrada Janine Otálora.
La presidenta de la Tribunal, Mónica Soto, pidió que la regulación se hiciera de inmediato antes del 15 de febrero, para que fuera aplicable al actual proceso electoral, en el que compiten por la Presidencia dos mujeres y un hombre.
«(Para) no caer en retrasos injustificados, deben llevarse a cabo de manera inmediata y aplicarse en el actual proceso electoral federal. No es una norma nueva, es un principio que está debidamente establecido en nuestra Constitución.
«Si se tiene en cuenta de que el registro de candidaturas a la Presidencia tendrá verificativo en la tercera semana de febrero, existe el tiempo suficiente para su implementación», afirmó.
Sin embargo, el magistrado Reyes Rodríguez consideró que para darle certeza al proceso electoral, lo mejor era que esta Legislatura, que concluye en agosto haga la reforma, pero su aplicación sea para el próximo proceso electivo.
«Sí me parece, en términos de certeza y de seguridad jurídica, que el Congreso sea notificado de la resolución que se tome y que tenga claro que su obligación corresponde en términos del artículo 35, 41, no de los transitorios, y que el periodo para cumplir es el relativo a esta Legislatura y sólo en ese caso el INE podrá emitir la reglamentación correspondiente», agregó.
El Tribunal Electoral informó que será esto último lo que se detalle en el engrose y efectos que elaborará la magistrada Otálora.