ZACATECAS. Por las pésimas condiciones en las que viven las internas del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Zacatecas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 124/2023 al gobierno del estado.
Desde escasez de agua, hacinamiento, alimentos echados a perder, deficiencias en el servicio médico y hasta limitaciones para las visitas conyugales y familiares, así como falta de espacios para el desarrollo de los menores, son las limitantes que denunciaron.
La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, envió un oficio al gobernador David Monreal Ávila para notificarle que en el Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Zacatecas “se transgrede el derecho a la reinserción social y estancia digna y segura de las mujeres privadas de la libertad y niñas y/o niños que ahí se albergan”.
En octubre de 2022 y abril de este año, personal de la CNDH hizo visitas de revisión y diagnóstico en el penal, donde recibieron un escrito de las internas manifestando sus quejas.
Una de ellas es que solicitan Cartilla Militar y documentos de matrimonio para programar las visitas conyugales, por lo que excluyen a las parejas extranjeras, así como de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero y Queer LGBTQ+, pues de las 210 internas, 19 tienen diferentes orientaciones sexuales.
Además, solamente al 30% se les permite trabajar en actividades laborales para una empresa dentro del penal y algunas de ellas tienen más de un trabajo, mientras que la mayoría no tienen oportunidades de hacerse de un ingreso.
Lo anterior, debido a que una de las internas fue señalada por decidir quién sí y quien no puede laborar.
Alimentos echados a perder
En cuanto a la alimentación, las internas se quejaron de que a veces los alimentos están echados a perder y no hay un nutriólogo ni atención especial para los niños que viven en el recinto.
Las internas también denunciaron que hay escasez de agua y que cobran a 15 pesos las videollamadas; un grupo de privadas de la libertad se encargan de realizar los cobros.
Por lo anterior, la CNDH, derivado del expediente CNDH/3/2022/14033/Q, recomendó a las autoridades estatales atender las deficiencias, a fin de respetar los derechos humanos de las internas.
Para solventar las observaciones, se concedieron diferentes plazos de uno a seis meses, a partir de agosto de este año, incluyendo obras para evitar el hacinamiento de los menores y las internas.