ZACATECAS. Con 28 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, este viernes la LXIV (64) Legislatura del Estado separó de su cargo al presidente municipal de Guadalupe y con ello se le retira la inmunidad procesal.
Esto implica que el servidor público Julio César “N”, enfrente los cargos por homicidio y robo calificado que se le imputan.
El dictamen fue presentado este jueves por la Comisión Jurisdiccional, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) solicitó a los legisladores la separación del funcionario municipal para cumplimentar una orden de aprehensión emitida por una jueza por el presunto asesinato del abogado Raúl Calderón Samaniego.
Enrique Laviada Cirerol, diputado por el partido Movimiento Ciudadano (MC), enfatizó la importancia del trabajo de la Comisión que encabeza, quien dio prontitud al desafuero ante la demanda constante de justicia por parte de la familia de Raúl y de la opinión pública.
Morena Vota a favor pero acusa irregularidades
La fracción parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) coincidió en aprobar el dictamen que desaforaba al entonces alcalde de Guadalupe; sin embargo, insistieron en que el proceso había sido acelerado y que estaba “lleno de vicios”.
Maribel Galván, recalcó que la legislatura tiene la obligación de respetar el principio de garantía de audiencia con los márgenes de actuación del poder legislativo “habré de votar a favor del dictamen y serán los tribunales quienes determinen”.
Sin embargo, afirmó que hubo “falta de profesionalismo en el manejo de la información” que violó el principio de presunción de inocencia.
Por su parte, Violeta Cerrillo reclamó qué hay una tendencia que violó el debido proceso al no darle la garantía al inculpado (Julio César “N”) para responder y conocer los elementos de prueba por los que se le inculpan. “Se perdió la oportunidad de tener un proceso pulcro”.
Ernesto González Romo, explicó que es relevante que los diputados de Morena voten a favor del dictamen ya que Julio César “N” forma parte de este partido “se ganó nuestra simpatía y confianza”; no obstante, refirió que Morena no solapará ni interferirá en los procesos.
“En Morena votaremos a favor porque queremos que el alcalde pueda defenderse en los tribunales […] seremos responsables y congruentes”.
Finalmente, Gabriela Pinedo Morales afirmó que se debe considerar si se violentaron los procesos debido a la celeridad que se le dio al caso.
Dijo que el grupo parlamentario de Morena votó a favor del dictamen ya que lo más importante es posibilitar que la justicia pueda ser impartida.
Asimismo expuso que este hecho abre la posibilidad de discutir la permanencia de la inmunidad procesal o si es momento de eliminarla mediante reformas.
Defienden trabajo de la comisión
El legislador, Enrique Laviada Cirerol afirmó que en medio de un entorno de violencia que se vive en el estado, “nunca antes había sucedido algo así” por lo que la Comisión Jurisdiccional estaba en una situación de presión que llevo a actuar con compromiso y rapidez.
Puntualizó que se les acusó de tener prisa por tener un dictamen, mientras que también se les exigía que el proceso no se tardara.
“Tuvimos que actuar a sabiendas de que nuestros reglamentos están desfasados en la materia penal actual. Tuvimos que aplicar la responsabilidad y racionalidad parlamentaria. Pusimos en la balanza lo que convenía al proceso parlamentario, a lo que nos toca resolver”, expuso.
Rechazó categóricamente que cualquiera de los diputados que integran la Comisión Jurisdiccional actuaran de mala fe.
“No hay dictamen perfecto, pero yo no me atrevería a invitarlos a votar por un dictamen plagado de vicios y errores. Jamás los llamaría a votar por un dictamen donde se pudieran violar los derechos humanos o que se pusieran en duda principios constitucionales. Jamás lo haría, no tiene sentido eso”, resaltó.
Aseguró que el dictamen no está consumido por las prisas y que se cumplieron los plazos “tan se hizo que sus abogados se presentaron ante la comisión”.
Agregó que los abogados representantes de Julio César “N” tuvieron la oportunidad de comparecer. Insistió que esta votación no juzgará al imputado, sino simplemente determinará si se le retira la inmunidad constitucional. “Convencido de que trabajamos de la manera correcta”, enfatizó.
Momentos difíciles
Jehú Salas Dávila, diputado priísta, declaró que esta votación fue uno de los momentos más difíciles y complejos que se han tratado en la última década desde el poder legislativo.
Expuso que hay un ánimo de angustia y consternación entre los diputados por la familia de la víctima y la familia del imputado.
“Estamos ante una declaración de procedencia, un desafuero, no se trata de un juicio, es una declaración de procedencia y en las propias condiciones de este procedimiento no se juzga si hay o no un delito, tampoco si hay o no culpa del servidor público imputado, se trata de un orden político que se reduce a decidir si el servidor imputado debe llevarse a cabo en este momento o hasta que el servidor concluya su cargo”, sentenció.
Expuso que los plazos señalados fueron agotados a la mayor brevedad posible debido al grado de exigencia social y el propio comunicado que hizo Julio César “N” quien manifestó su deseo de enfrentar la acusación con la defensa legal.
Por su parte, José Juan Mendoza Maldonado reclamó que se han visto muchas historias de políticos que llegan al poder y es ahí cuando se conocen sus verdaderas patologías asumiendo conductas desafiantes y temerarias “creen que pueden estar por encima de los demás mortales y decidir sobre la vida de otra persona”.
Recordó que en su más reciente comparecencia, el Fiscal dio su palabra de que el caso se habría de judicializar a la brevedad posible.
De igual manera, Priscila Benítez Sanchez, legisladora de Nueva Alianza, enfatizó que no se pueden pasar por alto las graves acusaciones contra Julio César “N”. Refirió que el pueblo de Zacatecas está dolido por los actos de violencia.
Recordó que ella misma fue quien pidió al Fiscal, Francisco Murillo Ruiseco, durante su comparecencia, que el asesinato del abogado Raúl no quedara impune y exhortó a las instancias correspondientes a que garanticen la justicia.
María del Mar de Ávila Ibargüengoytia del Partido Acción Nacional (PAN) reiteró que no se prejuzgará al imputado, ya que corresponde al poder judicial determinar la inocencia o no de Julio César “N”.
Aclaró que el fuero constitucional no lo protege a él como persona sino la función que desempeña como funcionario municipal.
El diputado petista, Xerardo Ramírez refirió que este tema es controversial y trascendental para la vida pública de Zacatecas y pidió a los legisladores “estar a la altura de las exigencias de los zacatecanos”.
En carácter de integrante de la Comisión Jurisdiccional reconoció el trabajo del diputado Enrique Laviada Cirerol el cual calificó como objetivo.