Mes y medio después de que la Ministra Yasmín Esquivel fue señalada por el presunto plagio de su tesis de licenciatura, la Corte inició un procedimiento para determinar qué trámite darán a las denuncias que han recibido contra la integrante del máximo tribunal del País.
Norma Piña, presidenta de la Corte, inició el 7 de febrero la consulta a trámite 1/2023 para que el Pleno determine los pasos a seguir para atender las denuncias, actualmente en poder de su Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA).
El asunto fue turnado al Ministro Juan Luis González Alcántara, quien debe presentar al Pleno un proyecto con la propuesta sobre el trámite que corresponde.
Este mecanismo es la primera señal de actividad de la Corte en relación con el caso Esquivel, sobre el cual ha guardado absoluto silencio desde el 21 de diciembre, cuando estalló el escándalo por el supuesto plagio.
La consulta servirá para instruir a Piña el trámite que debe seguir.
La propuesta de Piña es necesaria porque no hay claridad sobre cómo procesar las denuncias contra una Ministra en funciones por hechos que no ocurrieron durante su nombramiento en la Corte, que inició en 2019, sino hace más de 35 años.
En este caso, Piña considera necesario aclarar si puede dictar el inicio de un procedimiento de responsabilidad, por lo que utilizó la facultad que le da el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de consultar al Pleno los asuntos de «trámite dudoso».
Las denuncias contra Esquivel la han señalado por infracciones como no preservar la dignidad ni el profesionalismo propios de la función judicial, ni gozar de la buena reputación que la Constitución exige para el cargo.
«Se consulta al Pleno de la Suprema Corte la vigencia de los artículos 25, párrafo primero, y demás aplicables del Acuerdo General Plenario 9/2005, para efectos del trámite que debe seguirse en relación con los diversos oficios por los cuales el titular de la UGIRA remite diversas denuncias formuladas contra una persona integrante del Pleno de la Suprema Corte, y respecto de diversos escritos de denuncia relacionados», dice el acuerdo de Piña.
El Acuerdo 9/2005 regula los procedimientos de responsabilidad administrativa contra el personal de la Corte, pero ninguno de los Ministros y Ministras que lo aprobaron sigue en funciones.
El artículo 25, en tanto, faculta a la Presidenta de la Corte para «dictar el proveído inicial de los procedimientos señalados en el artículo 24 de este Acuerdo, con base en el dictamen presentado por la Contraloría».
