CDMX. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó hoy la suspensión de la orden de la Secretaría de Energía (Sener) para obligar a las empresas privadas a comprar gas natural a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La Primera Sala de la Corte confirmó por unanimidad la suspensión concedida el pasado 2 de septiembre por la Ministra Norma Piña, que tiene efectos generales y aplica de manera indefinida, hasta que el máximo tribunal resuelva la controversia promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). La Sala declaró infundado un recurso de reclamación que presento el Poder Ejecutivo.
La suspensión abarca «los efectos y consecuencias» del oficio de 13 de junio de la titular de Sener, Rocío Nahle, así como de otro emitido por el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas).
Este último notificó el 27 de junio a las empresas privadas nueve puntos de recepción específicos del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) sujetos a la directiva en favor de las empresas estatales, y les dio hasta el 13 de agosto para acreditar que ya contrataron el suministro con Pemex o CFE.
Los tres juzgados especializados en Competencia Económica también concedieron múltiples suspensiones definitivas en amparos promovidos por empresas privadas contra los mismos oficios.
Pero estas suspensiones no tienen efectos generales, sino que sólo benefician a las empresas que presentaron los amparos.
En noviembre pasado, la Ministra Piña desechó un intento de «contrademanda» del Ejecutivo, en el que se acusaba a la Cofece de no ejercer sus facultades para evitar prácticas monopólicas en el mercado de gas natural.
Cabe mencionar que, tras la elección de Piña como nueva Presidenta de la Corte, la elaboración del proyecto de sentencia sobre la controversia de Cofece corresponderá al expresidente Arturo Zaldívar, quien heredó todos sus expedientes en trámite.
El sector privado advirtió, desde mediados de 2022, que la medida de Sener es inconstitucional y el Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó instalar una «mesa de diálogo» sobre el tema, sin que hasta ahora se conozcan los resultados.
«Por un lado, se constriñe a los permisionarios para que acrediten el suministro de gas natural por parte de alguna de las empresas productivas del Estado, y se les obliga a contratar el servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades en el Sistrangas con dichas empresas y, por la otra, se le otorga una ventaja competitiva a la CFE, así como a las empresas productivas del Estado, es claro que en apariencia existe una transgresión a los principios Constitucionales de competencia y libre concurrencia», afirmó uno de los jueces que concedió suspensiones a las empresas.
Según la Sener, los recursos del Estado no están siendo utilizados de manera óptima, porque la CFE sólo aprovecha entre el 68 y 41 por ciento de la capacidad que ha contratado en gasoductos mexicanos y estadounidenses.
