En la LXIV (64) Legislatura se exhortó para que en el presupuesto 2023 se contemplen los ajustes necesarios en el presupuesto al Poder Judicial, para que pueda tener operatividad en sus actividades ordinarias.
“Resulta conveniente establecer los ajustes necesarios al proyecto de presupuesto que se le pretende asignar para el desarrollo de sus actividades”, se apuntó.
Al presentar la iniciativa, el diputado petista, Xerardo Ramírez, sostuvo que están conscientes de que “la procuración y acceso a la justicia en nuestra entidad muestra abandono y rezago en cuanto a su atención”.
Esto, dijo, se debe primordialmente a que no se dan las condiciones presupuestales necesarias.
Es por ello que “debemos encontrar las vías para que, a través de la modificación del Presupuesto de Egresos, se les permita a los órganos encargados de impartir justicia que cumplan adecuadamente con su función; esto, sin duda, permitirá responder a la demanda social de justicia”.
Xerardo Ramírez insistió que sufragar sus gastos de financiamiento ordinario, cumplir los programas de modernización judicial, vincular los procesos de planeación y de crecimiento de los órganos jurisdiccionales, sobre una base cierta y garantizar que se alcancen los objetivos planteados en sus planes operativos de cada año.
El diputado apuntó que es por ello que, como legisladores, no pueden permanecer en una dinámica de pasividad “ante los requerimientos que solicitan nuestras instituciones de impartición de justicia”
Ya que, si bien, hay una propuesta formal y sustentada por parte del Poder Ejecutivo, en cuanto a lo que se considera como un presupuesto básico y austero para el Poder Judicial, “como soberanía tenemos la facultad constitucional de realizar las modificaciones que consideremos pertinentes a cualquier partida presupuestal de los entes que conformar nuestro sistema político y de gobierno”.
Aseveró que, “como integrantes de esta Cámara de diputados local, tenemos en exclusiva la potestad de aprobar el presupuesto de egresos que nos presenta el titular del Poder Ejecutivo, pero no debemos dejar de lado las solicitudes de otro Poder del estado como es el Judicial”.
Sin duda alguna, externó, “necesitamos de un Poder Judicial que cuente con un presupuesto que resulte indispensable para salvaguardar al máximo la imparcialidad y la objetividad en la administración de justicia, por lo que resulta conveniente establecer los ajustes necesarios al proyecto de presupuesto que se le pretende asignar para el desarrollo de sus actividades”.
