La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que actualmente hay ocho exfuncionarios públicos de la administración del ex gobernador, Alejandro Tello Cristerna, en proceso de inhabilitación por presuntos actos de corrupción e impunidad que derivan en presunto daño al erario público de 593 millones 72 mil 56 pesos.
Humbelina López Loera, titular de la SFP, explicó que las sanciones ascienden a 171 años con 17 días de inhabilitación para ocupar un cargo público.
Expuso que esto es en relación a “casos emblemáticos en cuanto actos de corrupción”, como la construcción de la Presa Milpillas, temas relacionados con la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), así como “mal gasto de millones de pesos sin comprobar”, aviadores, además de viajes desmedidos, entre otros temas.
Asimismo, resaltó las omisiones realizadas por estos al archivar expedientes relacionados con funcionarios del también ex gobernador Miguel Alonso Reyes, “que, según lo indicado por las instancias fiscalizadoras del recurso, despilfarraron, saquearon y robaron sin contemplación al recurso público, que es propiedad de la sociedad zacatecana”, lo cual impidió la debida investigación y sanción.
Detalló que las ocho sentencias dictadas por la SFP van desde 34 años de inhabilitación hasta un año, de los cuales no expuso nombres por el debido proceso, sin embargo, destacó que son sentencias notificadas y avaladas dentro del proceso de la Ley General de Responsabilidades, aunque no son definitivas.
“Actualmente continúa la etapa procesal de la impugnación y una vez que quede la sentencia firme es cuando los nombres y los cargos podrán darse a conocer de manera contundente, no solo desde la SFP, sino también en la Plataforma Nacional de Inhabilitados”, explicó López Loera.
Sin embargo, expuso que los funcionarios contra los que iniciaron el proceso son tres de primer nivel, mientras que el resto son de segundo y tercero, “es decir, en hechos contundentes señalamos el grado de responsabilidad que tienen las cabezas de cada una de las instancias que dirigen en el marco a la función que nos da la Ley General de Responsabilidades”.
Declaró que estas prescripciones derivan de 25 expedientes enviados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuatro por la SFP de gobierno federal, y cinco por quejas y denuncias emitidas por la Auditoria Superior del Estado (ASE).
La funcionaria destacó que del presunto daño al erario público por más de 593 millones de pesos, son más de 200 millones los que ya prescribieron, de los cuales se señalaban irregularidades por instancias federales como ASF y SFP.
