A las políticas públicas en pro de niñas, niños y adolescentes “ya no se les puede dar vuelta”, señaló Cristela Trejo Ortiz, abogada y defensora de los derechos de menores.
Esto luego de que la diputada priista Gabriela Basurto presentara una iniciativa en la cual se busca dar atención a niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia en el estado.
La abogada explicó que no es la primera vez que se presentan este tipo de iniciativas, pues se hizo una propuesta en el periodo anterior, sin embargo, se envía “siempre a la congeladora, y eso es gravísimo porque se ve que no les importan”.
Enfatizó que el registro de los infantes afectados indirectamente por la violencia es “urgente” que se realice porque con ello se tiene la oportunidad de restituir los derechos violentados, “empiezas a hacer una intervención de recuperación de sus derechos violentados, que permite parar esas violencias, incluso prevé que pasen de ser víctimas a ser responsables de una conducta delictiva”.
Ejemplificó la situación con la desaparición de una familia en Calera, presuntamente por elementos del estado, donde la víctima indirecta fue un niño, que posterior a este hecho fue el primer adolescente con sentencia de ejecución extrajudicial en manos de militares en un operativo.
“Vimos toda esa evolución, de cómo pasó de un niño con muchas violaciones a sus derechos humanos desde los siete años y como pasa a los 15 años a ser asesinado por miembros del Ejército”, agregó.
Trejo Ortiz enfatizó en que si se hubieran activado los mecanismos de protección para estas familias, “esto no hubiese pasado, y es un ejemplo clarísimo de lo que puede suceder”.
Además de impulsar otros protocolos de defensa, como un protocolo de atención especializada para niños, niñas y adolescentes huérfanas por violencia feminicida, que en administraciones anteriores se propuso y se desechó.
Así como el fortalecimiento financiero en la comisión de atención a víctimas e instancias encargadas en la atención de las infancias y jóvenes como el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
“Sabemos que hay una comisión de víctimas que debería de hacer esta intervención, sin embargo, también sabemos de su poca capacidad presupuestaria que impacta directamente la atención”, indicó la defensora.
